Por unanimidad de 467 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito emitidas por entidades financieras y comerciales.
Esta iniciativa, que fue presentada por el legislador Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, ahora pasará al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
De acuerdo con Monreal, esta es una modificación a varias disposiciones normativas contenidas la mencionada ley, ya que la cantidad de personas que tienen una tarjeta de crédito o de débito son cerca de 40 millones.
El legislador señaló que varias instituciones financieras de crédito, a través de campañas o de mecanismos propios de la institución, envían tarjetas a los domicilios de las personas sin que las hayan solicitado.
"En el trayecto del año les cobran anualidades e incluso intereses moratorios por no pagar esa anualidad y, al final, muchos de estos usuarios terminan en el buró de crédito negativo para poder adquirir un crédito o algún derecho de inclusión financiera", explicó Monreal.
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La iniciativa agrega una fracción cuarta del artículo 4 Bis de esta ley, para estipular que las entidades financieras y las entidades comerciales no pueden cobrar comisiones por el otorgamiento de servicios financieros, seguros, membresías o beneficios adicionales no autorizados previamente en el contrato de adhesión o sin consentimiento expreso del usuario.
"Se reforma la fracción primera del artículo 18 Bis para establecer que, en los formularios utilizados para la contratación, además de constar que fue hecho del conocimiento del cliente el contenido del respectivo clausulado, mientras no se acredite el consentimiento expreso, no podrán generarse ningún cargo o comisión", detalla en un comunicado la Cámara de Diputados.
También se adiciona el artículo 18 bis 9, donde se especifica que las entidades financieras deberán garantizar con toda la información relativa a costos, cargos y comisiones asociados al producto y que este sea claro, veraz y suficiente.
En un artículo 18 bis 10, tendrá como objetivo que las entidades emisoras garanticen a los usuarios el derecho de cancelarlas, para lo cual se deben ofrecer mecanismos presenciales, telefónicos y digitales.
"En el caso de esos últimos, deberán ser incluidos en las aplicaciones móviles, banca en línea y portales web oficiales mediante un botón visible y de acceso directo disponible las 24 horas del día, los 365 días del año".
"También incorpora un artículo 18 bis 11 a la misma ley, estableciendo que la cancelación de tarjetas de crédito o débito deberán llevarse a cabo en un plazo máximo de cinco días a partir de la solicitud del usuario sin costo alguno para el usuario, prohibiéndose cualquier cargo, comisión o penalización asociada a la cancelación", se especifica en el boletín.