El gobierno del estado de Colima embargó un predio al exgobernador Mario Anguiano Moreno, como parte del cobro de una multa fiscal de 515 millones de pesos que le fue impuesta por el Congreso local en 2018.
La sanción se deriva de presuntas irregularidades relacionadas con un crédito solicitado al final de su administración.
Según un comunicado oficial, el predio embargado se ubica en la comunidad de Tinajas, en el municipio de Colima, y fue adjudicado por un monto de 3.39 millones de pesos, equivalente al 60 por ciento del avalúo comercial.
Sanción por información falsa al Congreso
La LX Legislatura del Congreso estatal determinó en su momento inhabilitar al exmandatario por 14 años y aplicar la multa tras comprobar que Anguiano presentó información falsa al solicitar el reconocimiento de una deuda en septiembre de 2015.
El crédito estaba destinado, según el decreto 565, a cubrir necesidades temporales de gasto corriente, pero se detectaron desviaciones de los recursos autorizados.
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La administración actual explicó que fue notificada oficialmente por el Congreso de que la sanción se mantenía firme, luego de que los recursos legales interpuestos por Anguiano fueran desechados. Ante ello, la Dirección General de Ingresos activó el proceso de embargo, notificando al exfuncionario desde 2022 y procediendo con la adjudicación del bien.
Anguiano se defiende: no hubo desvío personal
En entrevista radiofónica, Mario Anguiano declaró que tres auditorías iniciales no detectaron irregularidades en su gestión. Aseguró que el crédito de 638 millones de pesos, motivo de la sanción, fue contratado por el gobierno entrante después de que él dejó el cargo, por lo que no ejerció dichos recursos.
También afirmó que el Congreso reconoció la ausencia de sustracción de recursos personales, aunque sí se detectaron aplicaciones distintas al destino autorizado. Esto, explicó, se refiere a que se utilizaron fondos para fines distintos a la nómina, que era el objetivo original del empréstito.
Gobierno estatal: “cero impunidad”
El gobierno de Colima reiteró su compromiso con el combate a la corrupción y el uso responsable de los recursos públicos. “Se actuó con pleno respeto al marco legal vigente”, señaló el comunicado, al tiempo que afirmó que se continuará con los procedimientos legales para recuperar el monto total del crédito fiscal pendiente.
Este caso marca un precedente en la rendición de cuentas a exfuncionarios y en el uso de mecanismos fiscales para sancionar irregularidades administrativas a nivel estatal.
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