En una rueda de prensa reciente, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reveló que al menos 20 candidatos a jueces han defendido a narcotraficantes en el pasado.
Aunque no proporcionó nombres específicos, aseguró que estas candidaturas serán impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Noroña enfatizó que no se aplicarán sanciones ni a los legisladores ni al comité de evaluación responsable de la selección inicial de los candidatos, argumentando que no hubo mala fe en el proceso.
Señaló que el comité trabajó bajo condiciones inéditas y sin una estructura formal, lo que pudo haber llevado a errores involuntarios.
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El senador también destacó que, en caso de que las candidaturas sean retiradas, no podrán ser sustituidas, lo que podría afectar la composición final del Poder Judicial.
Afirmó que, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, presentarán los recursos de impugnación correspondientes ante el TEPJF.
Este anuncio se produce en medio de un proceso de selección de jueces y magistrados que ha sido objeto de controversia y debate público.
La transparencia y la integridad del proceso han sido cuestionadas, y las declaraciones de Noroña añaden una nueva dimensión a la discusión sobre la idoneidad de los candidatos al Poder Judicial.
El proceso de elección judicial continúa, y se espera que las impugnaciones presentadas sean evaluadas por el TEPJF en las próximas semanas.
Mientras tanto, el Senado y otras instituciones involucradas en la selección de candidatos enfrentan el desafío de garantizar la legitimidad y la confianza en el sistema judicial del país.
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