La utilización y reclutamiento de menores por parte del crimen organizado en México se ha convertido en una práctica “muy común y profundamente preocupante”, advirtió Rocío Aznar, jefa de Protección de la Infancia de UNICEF en el país.
La organización internacional instó al Estado mexicano a tomar medidas urgentes, incluyendo la tipificación del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes como delito penal.
Según un informe reciente de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el grupo de edad más afectado por desapariciones forzadas en Jalisco es el de 15 a 19 años, registrando 122 reportes entre enero y abril de 2025.
Dicha entidad alberga zonas controladas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como el Rancho Izaguirre, presunto centro de entrenamiento criminal.
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Juan Rodríguez, especialista de UNICEF, destacó que una de las principales causas de muerte en adolescentes en México es el homicidio, muchas veces vinculado con su reclutamiento para tareas criminales, que van desde mensajería hasta ejecuciones.
La organización Redim estima que al menos 30 mil menores han sido cooptados por el crimen organizado.
UNICEF propone una estrategia nacional integral que trascienda programas temporales y que garantice la protección y rehabilitación de los menores reclutados, argumentando que “los adolescentes son víctimas, no criminales”, y que el sistema judicial debe reconocer esa condición.
Actualmente, la falta de tipificación impide tener cifras exactas sobre este fenómeno, lo cual obstaculiza también las respuestas institucionales.
“El foco está en el adolescente juzgado, no en el reclutador”, denuncia Aznar, quien subraya que esta situación representa una de las violaciones más graves de los derechos de la infancia.
Ante esta crisis, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a desarrollar “todos los esquemas necesarios” para atender a la juventud, en especial en estados como Jalisco, donde los indicadores de desaparición y reclutamiento forzado son alarmantes.
IO
