Con seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes sancionar a 177 candidatos ganadores del reciente proceso electoral judicial, tras detectarse irregularidades en sus informes únicos de gastos de campaña, tanto en candidaturas federales como locales en 19 estados del país.
Durante la sesión extraordinaria, la consejera Carla Humphrey Jordan, presidenta de la Comisión de Fiscalización, aseguró que con esta resolución se concluye la fiscalización del primer proceso judicial electivo en la historia democrática de México.
Humphrey defendió la legalidad de las multas y subrayó que este ejercicio representa un esfuerzo técnico e institucional sin precedentes.
“Quien aspira a juzgar debe ser el primero en respetar la ley (…) No se puede construir legitimidad desde la omisión ni desde la simulación”, sostuvo.
Noticia Destacada
Marea Rosa solicita anular elección judicial del 2 de junio: acusa fraude, “acordeones” y falta de equidad
Taddai vota en contra y cuestiona legalidad
Por su parte, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, votó en contra de la medida argumentando que no se presentaron pruebas suficientes sobre las irregularidades detectadas, especialmente en lo relativo al uso de los llamados “acordeones” en las campañas.
Sanciones económicas y distribución
Las multas superan los 18 millones de pesos entre sanciones federales (más de 10 millones) y locales (8 millones).
Las más altas se aplicaron a aspirantes a magistraturas y jueces federales, que concentraron el 83 por ciento de las sanciones a nivel nacional. A nivel local, Chihuahua y el Estado de México representaron el 35.9 por ciento del total multado.
La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) revisó más de 7 mil 300 informes de campaña, correspondientes a más de 7 mil 700 candidaturas, auditando un monto cercano a 900 millones de pesos, en lo que calificaron como un ejercicio inédito en tiempos y reglas.
Las sanciones económicas fueron ajustadas según el nivel socioeconómico de cada persona electa, especialmente en el caso de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes recibieron sanciones reducidas.
Con este fallo, el INE sienta un precedente clave en la rendición de cuentas electoral en el ámbito judicial, en un proceso que pone a prueba el compromiso institucional con la legalidad y la transparencia.
IO
