El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la reforma a la Ley de Cultura Cívica, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con la finalidad de recuperar el espacio público y frenar prácticas como el cobro ilegal por apartar lugares en calles y avenidas.
La votación, que registró 53 votos a favor, estableció sanciones de arresto de 24 a 36 horas sin derecho a fianza para quienes incurran en estas conductas, consideradas por las autoridades como una apropiación indebida de la vía pública.
Nuevas sanciones en la Ley de Cultura Cívica
La reforma incorpora el concepto de “vía pública” en la legislación y modifica los artículos 28 Bis y 32, con lo que se tipifican nuevas infracciones como:
- Apartar lugares en calles para cobrar por su uso.
- Exigir pagos indebidos para estacionar o circular.
- Lavar autos en la vía pública sin autorización.
- Utilizar indebidamente espacios comunitarios para beneficio personal.
El diputado Pedro Haces Lago, de Morena, aseguró que esta medida no está dirigida contra trabajadores, sino contra “las prácticas abusivas” que afectan la movilidad y seguridad de la ciudad.
Alternativas para quienes dependen de esta actividad
El dictamen contempla que el Gobierno capitalino implemente programas de empleo y capacitación para quienes actualmente dependen económicamente de estas actividades, con el objetivo de ofrecerles alternativas laborales formales.
Sin embargo, algunos legisladores advirtieron posibles riesgos. El diputado Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, señaló que la medida podría generar un sesgo en la regulación del trabajo no asalariado, por lo que pidió que el Gobierno acompañe la estrategia con oportunidades de empleo.
Recursos ilegales y vínculos delictivos
El líder del Partido Verde, Jesús Sesma, respaldó la reforma al advertir que estas prácticas generan más de dos millones de pesos semanales, recursos que en muchos casos terminan en manos de grupos delictivos.
De acuerdo con Sesma, recuperar el espacio público es una cuestión de justicia, seguridad y dignidad, ya que estas actividades pueden derivar en delitos como extorsión, amenazas, robo de autopartes o daño a la propiedad.
Recuperar las calles para la ciudadanía
Con esta reforma, el Gobierno capitalino busca garantizar que las calles y espacios públicos permanezcan bajo el control de la ciudadanía y no de grupos que lucran con ellas. Clara Brugada reiteró que la vía pública “no se negocia, no se privatiza y seguirá siendo de todas y todos los capitalinos”.
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