Por cuarto día consecutivo, más de 148 ex trabajadores de Grupo R, propiedad del empresario Ramiro Garza Vargas, mantienen un plantón frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la CDMX, en exigencia del pago de liquidaciones y salarios atrasados que, aseguran, se les adeudan desde hace varios años.
Los manifestantes recordaron que en octubre de 2022 obtuvieron un laudo favorable contra la compañía; sin embargo, las empresas involucradas han promovido amparos sucesivos para retrasar el cumplimiento de la resolución. Señalaron directamente a Operadora CICSA, filial de Grupo Carso y actual propietaria de las plataformas Bicentenario, Centenario y Muralla IV, de evadir sus responsabilidades laborales.
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Los trabajadores explicaron que durante años prestaron servicio en el sector offshore, en barcos y plataformas de Ciudad del Carmen, Campeche, donde participaron en perforaciones estratégicas en el Cinturón Plegado Perdido frente a Matamoros, Tamaulipas, contribuyendo al descubrimiento de los yacimientos Trion y Maximino, considerados claves para la futura producción petrolera de México, comparables en importancia con lo que en su momento significó Cantarell.
Pese a esa aportación, muchos de ellos hoy enfrentan desempleo, han tenido que emigrar al extranjero o sobreviven con empleos temporales y mal pagados, mientras esperan el cumplimiento del fallo judicial.
Los ex trabajadores responsabilizaron además a María Eugenia Navarrete Rodríguez, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX, y a José de Jesús García Piedra, presidente de la Junta Especial Número 3 Federal, de negligencia por permitir la demora en la ejecución del laudo.
Advirtieron que el plantón continuará durante toda la semana y recalcaron que su demanda no es un favor ni una dádiva, sino el cumplimiento de un derecho laboral reconocido por la justicia.