La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud que busca prohibir de manera definitiva los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares.
El proyecto establece sanciones severas: penas de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil UMA (aproximadamente 220 mil pesos mexicanos) para quienes produzcan, distribuyan o comercialicen estos productos.
Con ello, el gobierno busca cerrar cualquier resquicio legal que mantenga vivo un mercado que, pese a restricciones anteriores, sigue creciendo tanto en canales formales como clandestinos.
Riesgos a la salud y fundamentos de la reforma
La propuesta se apoya en la evidencia científica que ha alertado sobre los riesgos de los vapeadores. La OMS advierte que contienen nicotina y compuestos tóxicos que generan adicción y daños respiratorios y cardiovasculares.
En México, datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) señalan que al menos 5 por ciento de adolescentes ha probado estos dispositivos y cerca del 1.2 por ciento los utiliza con frecuencia, lo que genera preocupación por la expansión de nuevas adicciones en jóvenes.
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Cambios estructurales en la Ley de Salud
La iniciativa no solo prohíbe los vapeadores. También busca:
- Reforzar la planeación hospitalaria y la sustitución de infraestructura.
- Consolidar la compra de medicamentos y equipos médicos.
- Fortalecer las atribuciones de la Cofepris, agilizando trámites y mejorando la supervisión sanitaria.
Con ello, se busca modernizar la gobernanza del sistema de salud y garantizar un mayor control estatal en la regulación de insumos estratégicos.
Debate entre salud pública y libertades individuales
La propuesta abre un debate nacional. Para especialistas en salud, representa un avance en la protección de los jóvenes frente a productos adictivos.
Sin embargo, asociaciones de consumidores sostienen que la prohibición absoluta podría empujar a los usuarios hacia un mercado negro sin regulación sanitaria.
México se alinea con países de la región como Argentina y Brasil, que ya han adoptado medidas restrictivas sobre estos dispositivos, consolidándose como uno de los países con políticas más estrictas en América Latina.
Retos para la implementación
La aplicación de la reforma enfrentará varios desafíos:
- La posible expansión del mercado clandestino.
- La necesidad de más recursos para la Cofepris y autoridades locales.
- La carga adicional al sistema judicial, al tipificarse nuevos delitos.
Por ello, especialistas insisten en que las sanciones deberán complementarse con campañas educativas y de prevención para que la prohibición tenga efectos reales.
Un punto de inflexión en la política sanitaria mexicana
De aprobarse, la reforma presentada por Sheinbaum no solo marcaría un endurecimiento en la política contra los vapeadores, sino también una transformación en la forma en que el Estado regula el sistema de salud.
La decisión del Congreso será clave para definir si México se coloca a la vanguardia regional en la lucha contra productos nocivos o si abre un nuevo capítulo de retos regulatorios y de implementación.
IO
