Las acciones en materia de seguridad implementadas en Campeche y particularmente en el municipio de El Carmen son cuestionables, pues durante el 2025 el Estado ha enfrentado un panorama complejo marcado por el repunte de la violencia y una creciente desconexión entre las autoridades y la sociedad, manifestó el presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del Partido Acción Nacional (PAN), René Roldán Pérez, al cuestionar las versiones oficiales de cómo se “atiende” el problema.
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Aunque el Gobierno estatal sostiene que Campeche mantiene bajos niveles de incidencia delictiva, Roldán Pérez afirmó que la realidad que viven los ciudadanos es distinta. Entre enero y mayo de 2025, los homicidios dolosos en la Entidad aumentaron 42.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que refleja un deterioro de la seguridad pública que no puede minimizarse con discursos oficiales.
En el caso específico de Ciudad del Carmen, el dirigente panista advirtió un incremento alarmante en la percepción de inseguridad hacia el cierre de 2025. Agregó que el municipio ha sido escenario recurrente de hechos violentos catalogados por la autoridad local como “ajustes de cuentas” o “cuestiones personales”, una narrativa que evade la responsabilidad institucional de contener y prevenir la violencia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la percepción de inseguridad en Campeche alcanzó el 68.9%, casi 16 puntos porcentuales más que en 2021, cifra que confirma el temor creciente de la población y contradice la versión oficial de tranquilidad en el Estado.
Roldán Pérez también dirigió sus críticas a la gestión del alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, al considerar que su administración ha mostrado desatención en temas fundamentales de seguridad.
Asimismo, acusó que el Gobierno municipal ha privilegiado un enfoque recaudatorio por encima de la seguridad, al utilizar a la policía como herramienta de cobro mediante multas excesivas y retenes, en lugar de fortalecer el patrullaje preventivo y los operativos de vigilancia efectiva. Esta política, añadió, no solo no inhibe el delito, sino que ha generado desconfianza y ha ahuyentado la inversión en la Isla.
También reprochó que ante hechos violentos la autoridad municipal opte por deslindarse de responsabilidades, al minimizar los acontecimientos como conflictos particulares, sin presentar una estrategia integral de contención ni resultados visibles en la reducción del delito.
Es por lo anterior que el panista planteó la necesidad de transitar de una administración de escritorio a una de territorio, para fortalecer la coordinación real y permanente entre la Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal, y evitar que los operativos se limiten a temporadas específicas.
Añadió que la seguridad debe atender también las causas sociales y vincular la reactivación económica con menor carga fiscal para los negocios, a fin de reducir conductas asociadas a la violencia como el consumo de alcohol y drogas en la vía pública.
Por último, expresó su preocupación por el deterioro acelerado de la paz social, señalando que la violencia, los robos y las extorsiones han dejado de ser hechos aislados para convertirse en una amenaza cotidiana, por lo cual exigió una reorientación inmediata de la fuerza policial, mayor transparencia, presencia directa del alcalde en las mesas de seguridad y la creación de un Consejo Ciudadano de Seguridad con facultades reales de supervisión.
