La Fiscalía General de la República (FGR) documentó que Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, encabezaron una red de huachicol y tráfico de fentanilo vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con el expediente, los hermanos se apoyaron en la operación de aduanas estratégicas como Tampico y Altamira, en Tamaulipas, así como Guaymas, en Sonora, donde funcionaba una red integrada por marinos, funcionarios, agentes aduanales, empresarios gasolineros y exportadores.
Empresas involucradas en la trama de huachicol
La investigación federal apunta a varias compañías que sirvieron de fachada para el contrabando de combustibles y químicos, entre ellas:
- Intanza
- Azteca Cone
- Mefra Fletes, con sede en Guadalajara, cuyo representante legal fue Anuar González Hemadi, exjuez señalado por proteger a Los Porkis en Veracruz.
- Mldstream LLC, con oficinas en Houston, Texas, que habría simulado la venta de hidrocarburos ingresados a México en 14 buques.
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Entre 2024 y 2025, estas empresas justificaron la entrada de gasolina a México bajo la figura de supuestos aditivos para aceites lubricantes, utilizando 31 embarcaciones.
Uno de los socios de Mefra Fletes, Daniel Zamora Delgadillo, aparece en la lista negra de la OFAC en Estados Unidos por presunto lavado de dinero para el CJNG a través de la firma Ecocarburante.
Otro marino bajo investigación
La FGR también identificó a Miguel Ángel Solano Ruiz, capitán de corbeta retirado, como parte de la red.
Su nivel de gasto llamó la atención: aunque reportaba ingresos de 18 mil pesos mensuales, en cinco años destinó más de 52 millones de pesos en apuestas en el Hipódromo de las Américas.
Además, Solano Ruiz fue reportado por la Secretaría de Hacienda debido a sus 11 cuentas bancarias y la posesión de ocho inmuebles, ubicados en Veracruz y Ciudad de México.
Una red con alcance binacional
La magnitud del caso revela un esquema de huachicol fiscal y narcotráfico con ramificaciones en México y Estados Unidos, en el que participaron empresas pantalla, funcionarios y exmarinos, con vínculos directos al CJNG.
La investigación de la FGR busca ahora avanzar en la judicialización de los implicados y rastrear los flujos financieros utilizados para sostener la red.
IO
