Puede hablarse de democracia cuando uno de los principales movimientos políticos de un país queda suspendido durante el proceso electoral y varios dirigentes opositores enfrentan decisiones judiciales que comprometen su participación política? La pregunta no es retórica. Es parte del debate que atraviesa hoy Ecuador, bajo la presidencia de Daniel Noboa.
Durante el Congreso Internacional del Partido del Trabajo, celebrado en México, conversé con Ricardo Patiño, excanciller ecuatoriano y actual asambleísta por Revolución Ciudadana. Su diagnóstico fue categórico:
«El Ecuador está viviendo una situación de dictadura, hay que decirlo con claridad. No es una democracia autoritaria, no es eso, es una dictadura».
La afirmación es grave y merece examinarse a la luz de los acontecimientos. Porque, más allá de las diferencias ideológicas, existen hechos que plantean interrogantes sobre las garantías de participación política en Ecuador.
En marzo de este año, el Tribunal Contencioso Electoral dispuso la suspensión provisional, durante nueve meses, del movimiento Revolución Ciudadana, vinculado al expresidente Rafael Correa. Posteriormente, en julio, también fue suspendido el movimiento Amigo, organización que pretendía presentar candidaturas del correísmo para las elecciones locales del próximo 29 de noviembre.
Las autoridades ecuatorianas sostienen que estas decisiones responden a procedimientos previstos en la legislación electoral y a solicitudes de la Fiscalía. Sin embargo, sus consecuencias políticas son evidentes: una fuerza con importante representación nacional enfrenta severas limitaciones para competir en las urnas.
No se trata únicamente de una denuncia de la oposición. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado a Ecuador a garantizar la participación política plural en las elecciones seccionales, ante las decisiones que han afectado a distintas organizaciones.
Patiño lo expresó de esta manera durante nuestra conversación:
«A la Revolución Ciudadana, el principal partido del Ecuador, lo han suspendido durante nueve meses, o sea, durante el proceso electoral».
A esta situación se suman los procesos judiciales contra autoridades locales.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, permanece privado de libertad y enfrenta varias causas penales. En septiembre, un tribunal ratificó una condena de tres años de prisión por el incumplimiento de una disposición judicial relacionada con el uso de un dispositivo electrónico de vigilancia.
En Cuenca, el alcalde suspendido Cristian Zamora enfrenta investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y denuncias por presunto peculado.
La existencia de investigaciones penales no demuestra, por sí misma, persecución política. Tampoco la condición de opositor puede representar inmunidad frente a la justicia. Pero cuando las decisiones judiciales afectan a figuras relevantes de la vida política, resulta indispensable exigir transparencia, debido proceso e independencia institucional.
Para Ricardo Patiño, estos casos forman parte de un patrón de exclusión política. El excanciller considera que las acciones contra dirigentes y organizaciones opositoras están alterando las condiciones de la competencia electoral.
Aquí aparece una cuestión de fondo: una democracia no se define solamente por la celebración de elecciones, sino también por las garantías que permiten participar en ellas.
La existencia de urnas no resuelve por sí sola las dudas sobre el pluralismo. Importan también las reglas de competencia, la independencia de los tribunales, la libertad de organización y la posibilidad real de que los ciudadanos elijan entre distintas alternativas políticas.
Ecuador enfrenta, además, una profunda crisis de seguridad. El avance de las organizaciones criminales, la violencia y el deterioro de las condiciones de vida han colocado al gobierno de Noboa ante desafíos extraordinarios. Pero precisamente en situaciones de crisis resulta fundamental preservar los contrapesos institucionales.
La seguridad pública y las libertades democráticas no deberían convertirse en objetivos incompatibles.
Existe otra dimensión que tampoco puede ignorarse: la relación de Ecuador con Estados Unidos.
El gobierno de Noboa ha profundizado su cooperación con Washington en materia de seguridad, en un contexto regional marcado por las discusiones sobre soberanía, presencia extranjera y lucha contra el crimen organizado.
Patiño fue especialmente crítico con la política exterior estadounidense. Durante nuestra conversación expresó su preocupación por lo que considera una relación cada vez más intervencionista de Washington con los países latinoamericanos.
Su posición refleja un debate que trasciende las fronteras ecuatorianas: ¿hasta dónde puede llegar la cooperación internacional en seguridad sin comprometer la autonomía de las instituciones nacionales?
La cooperación entre Estados es legítima. Pero debe desarrollarse dentro de los marcos constitucionales y con mecanismos de control que impidan convertir los acuerdos de seguridad en instrumentos de subordinación política.
Ecuador tiene derecho a enfrentar la violencia y el crimen organizado. También tiene la obligación de proteger los derechos políticos de sus ciudadanos, incluidos aquellos que cuestionan al gobierno.
La denuncia de Ricardo Patiño coloca sobre la mesa una discusión que América Latina no debería desatender. Calificar a un gobierno de dictadura exige un examen riguroso de sus instituciones, sus prácticas y sus garantías democráticas. Pero las restricciones a la participación electoral tampoco pueden minimizarse simplemente porque provengan de resoluciones formalmente judiciales.
La pregunta que deja hoy Ecuador no es solamente quién gobernará sus ciudades y provincias después del 29 de noviembre, sino bajo qué condiciones podrán competir quienes aspiran a hacerlo.
Porque la calidad de una democracia también se mide por el espacio que concede a quienes piensan distinto.
Y cuando la participación de la oposición se convierte en objeto de controversia judicial y política, lo que está en discusión ya no es únicamente el destino de un partido: es la confianza de toda una sociedad en sus instituciones.
