EN LOS PASILLOS políticos y judiciales de Yucatán se comenta que al PRI ya le queda poco capital para seguir gastándolo en asuntos incómodos, como el de Rafael Echazarreta.
El pasado 23 de octubre estaba programada una audiencia en el Juzgado Primero de Control para revisar el presunto incumplimiento de pagos establecidos en un acuerdo previo, situación que podría comprometer su continuidad. Sin embargo, según trascendió, apenas dos horas antes se notificó a la contraparte que, debido a una supuesta saturación de la agenda judicial, la diligencia sería aplazada hasta el 3 de noviembre, al mediodía.
La explicación podrá ser administrativa, pero el momento elegido alimentó las suspicacias de quienes siguen el expediente. Porque en política y en tribunales las coincidencias existen, aunque algunas tienen una puntualidad verdaderamente admirable. Lo que corresponde ahora es conocer las razones documentadas del aplazamiento y evitar que las dudas terminen ocupando el lugar de las respuestas.
MUCHO SE HABLA de aspirantes y suspirantes a las diputaciones, particularmente en los distritos de Mérida. Entre los nombres que circulan aparece el de Sandra Carolina Jiménez Tejada, subdirectora de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, a quien versiones provenientes del entorno panista colocan entre las posibles elegidas para competir en el poniente de la capital.
Pero no todo serían felicitaciones. Nuestros informantes sostienen que durante su anterior responsabilidad en el área administrativa y de recursos humanos de la Consejería Jurídica habría enfrentado investigaciones y un procedimiento de la Contraloría estatal. Se trata de señalamientos que requieren expedientes, resoluciones y una respuesta de la funcionaria antes de establecer responsabilidades.
Según esas versiones, los asuntos se remontarían a la gestión de Yussif Heredia Fritz. La pregunta política resulta inevitable: ¿el PAN está revisando los antecedentes de quienes pretende postular o primero reparte candidaturas y después pregunta por los problemas? Porque una cosa es pasar el filtro de las simpatías internas y otra, bastante más exigente, superar el de la transparencia.
TRAS CONOCERSE LA inscripción de Liborio Vidal en la disputa por Mérida, comenzaron los movimientos dentro del Ayuntamiento. Según versiones políticas, se habría solicitado la salida de tres colaboradores identificados como cercanos al vallisoletano:
Carlos “el Chelito” Carrillo, el exregidor Gabriel Mena y la exdiputada Paulina Viana. Una reacción que, de confirmarse, diría mucho sobre la peculiar manera de entender la lealtad partidista. Y como en política nadie desperdicia una oportunidad para enviar mensajes, Carrillo y Mena aparecieron el pasado fin de semana en un encuentro público con fundadores de Morena, entre ellos Óscar Brito Zapata, también interesado en la candidatura a la alcaldía, así como el regidor Diego Carrera Pérez y su hermana Ivone Carrera Pérez, jefa del despacho del Gobernador.
La presencia de los antiguos colaboradores municipales dio combustible a las especulaciones sobre nuevos acomodos. ¿Acercamiento político o simple aparición en un acto público? Falta saberlo. Lo cierto es que, cuando comienzan las disputas por las candidaturas, hasta una fotografía termina convertida en declaración de principios.
HABLANDO DEL AYUNTAMIENTO de Mérida, las inconformidades internas también apuntan hacia el posible relevo en la Subdirección de Gobernación, posición que ocupaba Gabriel Mena Guillermo. Versiones de militantes panistas señalan como eventual sustituto a Raúl Alberto Medina Cardeña, actual responsable de Transparencia municipal.
El nombre no ha sido confi rmado ofi cialmente, pero ya provoca cuestionamientos sobre los criterios para cubrir un puesto relacionado con espectáculos, espacios públicos, estacionamientos y protección civil. Nuestros informantes critican su desempeño anterior y señalan presuntas inconformidades laborales que tendrían que documentarse antes de atribuirle responsabilidades.
Más allá de las rivalidades internas, la pregunta es sencilla: ¿qué experiencia y resultados respaldan a quien se pretende colocar al frente de funciones tan sensibles para comerciantes, empresarios y ciudadanos? Porque los nombramientos no deberían depender de quién pertenece al grupo correcto, sino de quién puede responder por el trabajo. Aunque para algunos esa diferencia parezca un detalle administrativo sin importancia.
LAS AGUAS TAMBIÉN se agitan en el Poder Judicial. Las salidas de Gonzalo Cuevas Mena, del área de recursos humanos del Tribunal Superior de Justicia, y Aracelly Neri Pat, vinculada a Formación, Capacitación y Profesionalización, despertaron comentarios que van más allá de dos movimientos administrativos.
El primero es hermano del diputado morenista Alejandro Cuevas Mena; la segunda, hija de la legisladora Neyda Pat Dzul. Esas relaciones familiares explican el interés político, pero no prueban por sí mismas cómo llegaron a sus cargos ni las razones de su salida.
Versiones internas atribuyen las separaciones a problemas de desempeño y disciplina laboral, extremos que necesitan confi rmación institucional. Lo interesante será conocer si el Tribunal transparenta las causas de ambas decisiones o permite que los rumores hagan el trabajo de los documentos.
Entre los observadores políticos circula otra interpretación: el movimiento sería una advertencia para quienes confunden los espacios públicos con extensiones de sus acuerdos partidistas. Si ese fuera el mensaje, más valdría acompañarlo con reglas claras, porque las lecciones de austeridad moral pierden fuerza cuando sólo se imparten a determinados alumnos.
LA DIRIGENCIA DE Morena informó que Estefanía Baeza, Susana Gamboa, Óscar Brito y Liborio Vidal quedaron registrados para buscar la coordinación de Mérida. La definición será mediante una encuesta y, según lo anunciado, deberá conocerse a más tardar el 31 de diciembre. Conviene recordar algo elemental: registrarse no equivale a recibir una candidatura, por más que algunos aspirantes ya ensayen el discurso de agradecimiento.
Morena tiene dos problemas por resolver: seleccionar a su representante y conseguir que los demás acepten el resultado. Porque ganar una encuesta interna sirve de poco si al día siguiente comienza la desbandada. La verdadera prueba no será levantar la mano del elegido, sino lograr que quienes pierdan mantengan las suyas lejos de la operación política en contra.
CECILIA PATRÓN RESPONDIÓ a las preguntas sobre una eventual reelección con una fórmula prudente: decidirá la ciudadanía y su prioridad es ofrecer resultados. Una encuesta difundida esta semana la coloca con 50% de las preferencias frente a 18% de Liborio Vidal en uno de sus escenarios.
La medición, basada en 800 entrevistas telefónicas realizadas los días 19 y 20 de octubre, reporta un margen de error de 3.5 puntos. Es una fotografía favorable para la Alcaldesa, no un certificado de victoria. Falta conocer la definición de Morena, el desarrollo de las campañas y, sobre todo, la evaluación ciudadana de los servicios municipales.
En Palacio Municipal deberían resistir la tentación de confundir una buena encuesta con una buena calificación de gobierno. Los porcentajes lucen muy bien en las presentaciones; los baches, las luminarias y las quejas sin atender tienen la mala costumbre de permanecer en las calles. La popularidad se presume en números, pero la gestión se comprueba todos los días.
MILES DE MILLONES anunciados y una tarea menos vistosa por delante. Joaquín Díaz Mena presentó inversiones privadas por 8 mil 641 millones de pesos, correspondientes a ocho proyectos nuevos y dos ampliaciones distribuidos en seis municipios.
La expectativa oficial es generar 14 mil 488 empleos directos e indirectos. Son cifras importantes, pero conviene subrayar dos palabras: inversiones anunciadas y empleos previstos. Políticamente, el mensaje resulta atractivo porque proyecta confianza empresarial y crecimiento.
Ahora viene la parte que no siempre cabe en la fotografía: conseguir que los proyectos se ejecuten, que el capital efectivamente llegue y que las contrataciones se materialicen.
Una buena práctica sería publicar periódicamente cuánto se ha invertido, cuántas plazas se han creado y cuántas empresas locales participan como proveedoras. Los anuncios merecen atención; los resultados, comprobación. La siguiente fotografía debería incluir menos promesas y más trabajadores contratados.
SAN DAMIÁN SIGUE planteando una pregunta que las autoridades no han conseguido resolver satisfactoriamente: ¿Quién construirá una salida al conflicto del gasoducto?
El freno al proyecto dejó dos exigencias legítimas sobre la mesa. Por un lado, respetar los derechos de información y participación de los vecinos que recurrieron a los tribunales; por otro, atender la petición de Canacintra para encontrar una alternativa viable de infraestructura energética y definir el destino de la tubería instalada.
Aquí no basta con celebrar resoluciones judiciales ni repetir discursos sobre desarrollo económico. Se necesita información pública, sustento técnico y capacidad de negociación. El conflicto lleva años y sería ingenuo creer que desaparecerá con otra conferencia de prensa.
Los habitantes merecen certeza sobre su entorno y la industria, respuestas sobre el suministro que requiere. Conciliar ambas necesidades es una responsabilidad de gobierno, no una tarea que deba quedar eternamente en manos de los afectados. Porque aspirantes sobran; soluciones, todavía no tantas.
En la vida… Todo es personal.
