VAYA MOVIMIENTO POLÍTICO el atribuido a Estefanía Baeza, quien habría decidido dejar de esperar definiciones y solicitar su regreso al Congreso del Estado, después de haber pedido licencia para incorporarse a la Secretaría del Bienestar.
Según versiones que circulan entre operado res políticos, le habrían solicitado participar en el proceso interno por Mérida para asegurar presencia femenina en la contienda, con la expectativa de recibir otra posición si no resultaba seleccionada. Sin embargo, el ingreso de Liborio Vidal habría alterado los cálculos y dejado varios compromisos en el terreno de las promesas.
El problema, sostienen esas versiones, no sería únicamente la candidatura, sino la ausencia de certezas sobre el futuro político de Baeza. Nadie habría querido aclararle qué lugar ocuparía, cuándo ni bajo qué condiciones. Ante semejante panorama, la legisladora habría optado por regresar a un espacio institucional que ya conocía, sin esperar nuevas instrucciones.
Si así ocurrió, la maniobra exhibiría una de las contradicciones de la política: se exige disciplina absoluta a los aspirantes, mientras quienes reparten posiciones se reservan el derecho de cambiar las reglas sobre la marcha. Eso sí, siempre en nombre de la unidad.
LA VERSIÓN SOBRE un próximo relevo en la dirección de la Unidad Deportiva Kukulcán sigue alimentando comentarios. Jesús Corona, identificado como cercano a Edgardo Medina, deja ría el cargo y sería sustituido por Carlos Sansores, a quien ubican en el grupo de Felipe Duarte. No existe hasta ahora confirmación oficial del cambio.
El movimiento vendría acompañado de señalamientos sobre presuntos cobros por eventos reali zados en la unidad y en el Polifórum Zamná que no habrían sido debidamente reportados. Son acusaciones que requieren registros contables, comprobantes y la respuesta del propio Corona antes de considerar acreditada cualquier irregularidad. Pero hay una pregunta válida aun sin dar por ciertos los señalamientos: ¿existen mecanismos de control suficientes para conocer los ingresos generados por esas instalaciones? Si las cuentas están en orden, lo mejor sería exhibirlas.
Y si hubiera diferencias, correspondería investigarlas. Cambiar al responsable puede resolver un nombramiento; aclarar el manejo de los recursos exige bastante más que entregar las llaves.
TREMENDO LÍO PODRÍA estar formándose en Chelem Puerto, donde la actuación de la comisaría encabezada por María Laurilú Isabel Chin Cab es motivo de cuestionamientos atribuidos a habitantes de la comunidad. Según esas versiones, existe preocupación por la seguridad y por posibles tratos pre ferenciales hacia determinados grupos de pescadores. Se mencionan también presuntos hechos delictivos, pero no se han proporcionado denuncias, carpetas de investigación ni elementos que permitan atribuir responsabilidades a personas concretas.
Por ello, corresponde a las autoridades aclarar si existen reportes formales y qué investigaciones se han iniciado. Otro asunto que exige res puesta es el supuesto bloqueo de accesos a calles y playas bajo el argumento de resguardar embarcaciones en zona federal. ¿Quién autorizó esas restricciones, con qué fundamento y durante cuánto tiempo?
La seguridad pública y el acce so a espacios de uso común no pueden quedar a merced de arreglos informales. Si todo está en regla, que se expliquen las decisiones. Y si no lo está, que se ac túe. La opacidad no protege a ninguna comunidad.
DICEN QUE EN po lítica las lealtades cambian con facilidad, pero la memoria de quienes siguen sus movimien tos suele durar bastante más. El ejemplo sería Efraín Aguilar Góngora, quien continúa dentro de la administración municipal de Mérida pese a haber sido identificado durante años como una fi gura cercana a Liborio Vidal. Quienes conocen su trayectoria hablan de una relación política de más de 15 años, circunstancia que vuelve llamativo su aparente acercamiento al equipo de Cecilia Patrón Laviada.
Según trascendidos, Aguilar Góngora habría manifestado su respaldo a la alcaldesa e incluso organizado un encuentro para hacerlo público. Hasta ahí, nada extraordinario: las alianzas cambian y los gobiernos incorporan colaboradores de distintas corrientes.
Lo que despierta suspicacias entre algunos observadores es la rapidez con la que se reinterpretan las lealtades cuando aparecen nuevos escenarios políticos. Otros van más lejos y atribuyen intenciones que no están demostradas. Conviene separar las dudas de los hechos. Porque cambiar de grupo es una decisión política; demostrar con trabajo que el compromiso es auténtico resulta una tarea bastante más difícil.
OTRO DOLOR DE cabeza tendría Carlos Bojórquez Urzaiz ante la incertidumbre que, según versiones de aspi rantes, rodea la selección de coordinadores de la Cuarta Transformación en diversos municipios de Yucatán. Los inconformes habrían pedido respuestas sobre asuntos tan ele mentales como las fechas de las encues tas, su metodología, los participantes y el momento en que se conocerán los resultados.
Preguntas básicas para una contienda interna, aunque aparentemen te demasiado exigentes para quienes esperan que todos confíen a ciegas en el procedimiento. Según los trascendi dos, Bojórquez habría respondido que desconocía esos detalles porque las decisiones se tomaban desde la Ciudad de México. Si ésa fue la explicación, deja una interrogante incómoda: ¿para qué sirve una dirigencia estatal que no puede informar sobre las reglas de sus propios procesos? Algunos participantes aseguran que ni siquiera fueron convocados a reuniones para conocer el mecanismo de selección, mientras otros dudan de que sus nombres estén siendo considerados.
Las versiones indican que después habría surgido una explicación diferente, pero faltan elementos para establecer cuál fue. Lo indispensable es que el partido aclare públicamente el procedimiento. Porque pedir confianza mientras se ocultan las reglas no es pro mover la unidad: es poner a prueba la paciencia de los participantes
