El próximo 3 de noviembre, millones de estadounidenses acudirán a las urnas en unas elecciones que, aunque no incluyen la presidencia, tendrán consecuencias decisivas para los dos últimos años del segundo mandato de Donald Trump. No se trata solamente de renovar el Congreso. Se trata de definir cómo se ejercerá el poder en Washington, qué capacidad tendrá el Legislativo para supervisar al Ejecutivo y hasta dónde podrán avanzar las políticas que han marcado el regreso del mandatario republicano a la Casa Blanca.
Las elecciones intermedias de 2026 se celebran en un escenario de polarización política, inconformidad por el costo de la vida, controversias sobre la política migratoria y tensiones internacionales. A diferencia de otras contiendas legislativas, esta elección ha adquirido un carácter particularmente presidencial: Trump no aparece en las boletas, pero su gestión ocupa el centro del debate.
Y sus consecuencias no se limitarán a las fronteras estadounidenses. México, América Latina y buena parte del mundo tienen razones para observar con atención lo que suceda el martes.
El Congreso: la verdadera disputa por el poder
Los estadounidenses renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y elegirán 35 senadores, incluidos dos correspondientes a elecciones especiales. También estarán en juego numerosas gubernaturas y cargos estatales.
Actualmente, los republicanos controlan ambas cámaras, aunque con márgenes estrechos. En el Senado mantienen una mayoría de 53 frente a 47, mientras que en la Cámara de Representantes disponen de una ventaja reducida. Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños en cada cámara para alcanzar la mayoría, según el balance publicado por Reuters en octubre.
La diferencia entre conservar o perder el control legislativo es sustancial.
Si los republicanos mantienen ambas cámaras, Trump contará con mayores posibilidades de impulsar sus prioridades legislativas, negociar el presupuesto y conseguir la aprobación de sus nombramientos. Sin embargo, conservar la mayoría no significa disponer de poder ilimitado: las reglas del Senado y las diferencias internas del Partido Republicano seguirán condicionando algunas decisiones.
Si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes, podrán dirigir comisiones, promover investigaciones y ejercer una supervisión más intensa sobre las decisiones del Ejecutivo. Si también obtienen el Senado, tendrán mayor influencia sobre los nombramientos judiciales y otros altos cargos federales.
Pero tampoco una victoria demócrata en ambas cámaras supondría el fin de la agenda presidencial. Trump conservaría su poder de veto y amplias atribuciones ejecutivas, especialmente en materia migratoria y política exterior.
Por eso, la pregunta central no es únicamente quién tendrá más legisladores, sino cómo cambiará la relación entre los poderes de la Unión.
La economía: cuando el bolsillo llega a las urnas
Uno de los asuntos que atraviesan esta elección es el costo de la vida.
Trump regresó a la Casa Blanca prometiendo prosperidad, crecimiento económico y una reducción de los precios. Sin embargo, millones de estadounidenses continúan enfrentando dificultades para pagar vivienda, alimentos, servicios médicos y combustible.
De acuerdo con un análisis de Associated Press publicado a finales de octubre, la inflación anual alcanzó 3.7% en septiembre, frente al 3% registrado cuando Trump asumió la presidencia. Aunque el crecimiento económico y el mercado laboral ofrecen indicadores favorables, esas cifras no necesariamente se traducen en una mejor percepción de bienestar entre las familias.
La política arancelaria también ocupa un lugar importante en el debate. Sus defensores sostienen que los aranceles pueden proteger sectores productivos y fortalecer la industria nacional. Sus críticos advierten que encarecen las importaciones, alteran las cadenas de suministro y terminan trasladando parte de sus costos a consumidores y empresas.
Los republicanos reivindican sus medidas fiscales y económicas. Los demócratas, por su parte, cuestionan sus efectos distributivos y prometen concentrarse en la reducción del costo de la vida.
La contradicción entre los indicadores macroeconómicos y la economía cotidiana constituye uno de los grandes temas de estas elecciones.
Porque una cosa es hablar de crecimiento económico desde Washington y otra muy distinta es comprobar cuánto dinero queda en el bolsillo después de pagar las cuentas.
La migración: seguridad, derechos y una frontera compartida
Otro asunto fundamental es la política migratoria.
La administración Trump ha convertido el endurecimiento del control fronterizo, las deportaciones y la aplicación estricta de las leyes migratorias en prioridades de gobierno.
Sus partidarios destacan la disminución de los cruces irregulares y defienden estas medidas como parte del ejercicio de la soberanía estadounidense. Sus adversarios cuestionan los procedimientos de detención y expulsión, las condiciones de los migrantes y las consecuencias humanitarias de las operaciones federales.
La discusión también comprende el financiamiento de las agencias migratorias, los mecanismos de supervisión y las facultades del Ejecutivo.
Para México, esta controversia tiene implicaciones directas. No solamente por los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, sino por las comunidades fronterizas, los flujos comerciales y la cooperación bilateral.
Las decisiones que adopte el próximo Congreso pueden influir en el presupuesto destinado a seguridad fronteriza, en las investigaciones sobre las agencias migratorias y en eventuales reformas legislativas.
La migración, sin embargo, no puede entenderse exclusivamente como un asunto de seguridad. Es también una realidad económica, laboral, familiar y humanitaria que vincula profundamente a ambos países.
México y América Latina: ¿Qué cambiará después del 3 de noviembre?
Desde nuestra región, estas elecciones merecen una atención especial.
Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de México. Las decisiones de Washington en materia arancelaria, inversiones, seguridad y migración repercuten directamente en nuestra economía.
Un Congreso dividido podría intensificar la negociación entre partidos sobre algunas de estas materias, mientras que una mayoría legislativa alineada con la Casa Blanca facilitaría determinadas iniciativas del gobierno.
Pero sería un error suponer que el resultado electoral transformará automáticamente la relación bilateral.
En política comercial y exterior, el presidente estadounidense conserva facultades importantes. Además, tanto republicanos como demócratas mantienen debates internos sobre la competencia con China, la protección de industrias estratégicas y la seguridad nacional.
Para América Latina, también están en juego las orientaciones de la política estadounidense hacia Cuba, Venezuela, Brasil y el resto de la región, así como el papel del Congreso en la autorización de recursos, la supervisión de sanciones y el control de determinadas acciones militares.
El resultado no determinará por sí solo esas políticas, pero sí modificará los espacios institucionales donde se discuten y cuestionan.
La política exterior también pasa por las urnas
Estas elecciones se desarrollan en medio de conflictos internacionales y cuestionamientos sobre el papel de Estados Unidos en el mundo.
La guerra con Irán, sus consecuencias económicas y los debates sobre las atribuciones presidenciales para emprender acciones militares forman parte del contexto electoral.
La Constitución estadounidense atribuye al Congreso competencias esenciales sobre la guerra y el financiamiento público, mientras el presidente ejerce el mando de las Fuerzas Armadas y dirige buena parte de la política exterior.
Esa distribución de facultades ha sido objeto de controversias durante décadas, bajo administraciones de ambos partidos.
La composición del próximo Congreso influirá en la intensidad de la supervisión legislativa, las audiencias sobre operaciones militares y los debates presupuestarios relacionados con los compromisos internacionales de Washington.
En otras palabras, el 3 de noviembre también se decidirá qué voces tendrán mayor capacidad institucional para cuestionar, respaldar o condicionar las decisiones internacionales de la Casa Blanca.
Una prueba para la democracia estadounidense
Existe otro elemento que no debería quedar relegado por las disputas partidistas: la confianza en el sistema electoral.
En una investigación publicada el 30 de octubre, Reuters explicó que los resultados de contiendas estrechas podrían enfrentar recuentos, litigios y procedimientos de impugnación. Aunque los estados administran y certifican las elecciones federales, la Constitución reconoce a cada cámara del Congreso la facultad de juzgar las elecciones y las credenciales de sus propios integrantes.
El aumento de la litigiosidad electoral convierte la aceptación de los procedimientos institucionales en una cuestión relevante para el periodo posterior a la votación.
La democracia no depende solamente de que existan elecciones competitivas. También requiere instituciones capaces de administrar controversias, garantizar el debido proceso y hacer efectivas las decisiones adoptadas conforme a la ley.
La legitimidad de un sistema político se examina tanto en la competencia por el poder como en la manera de procesar sus resultados.
El verdadero alcance del voto
La historia estadounidense muestra que las elecciones intermedias suelen convertirse en una evaluación de la administración que ocupa la Casa Blanca. Pero sería simplista interpretar todos los votos como un respaldo o rechazo personal al presidente.
Los ciudadanos también decidirán a partir de circunstancias locales, candidaturas, preocupaciones económicas y posiciones sobre temas específicos.
Y tampoco puede darse por sentado que la inconformidad con el gobierno se traduzca necesariamente en una adhesión al partido opositor. Los demócratas enfrentan el desafío de explicar qué políticas impulsarían y cómo responderían a las demandas sociales que atraviesan al país.
Los republicanos, mientras tanto, deberán defender sus resultados de gobierno y convencer al electorado de la conveniencia de mantener su mayoría legislativa.
El martes, Estados Unidos no elegirá presidente. Pero sí decidirá quiénes tendrán la responsabilidad de legislar, supervisar, investigar, aprobar presupuestos y representar a los ciudadanos durante los próximos dos años.
Lo que está en juego no es solamente la distribución de escaños entre dos partidos. Es la relación entre el poder presidencial y sus contrapesos institucionales, en un momento en que las decisiones de Washington tienen consecuencias mucho más allá de sus fronteras.
Y para México, observar esa elección no es un ejercicio de curiosidad política: es una necesidad estratégica.
