El Congreso de Quintana Roo se consolida como uno de los más costosos e improductivos del país.
Con un presupuesto aprobado para el 2025, de 532 millones 383 mil 129 pesos, la mayor parte de estos recursos se destina a la partida 1000, es decir, al pago de nómina de los 25 legisladores, su séquito de ayudantes y personal administrativo, sin que los resultados legislativos justifiquen semejante gasto.
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Cada diputado local percibe 153 mil pesos mensuales de sueldo base, además de apoyos por transporte, hospedaje, aguinaldos y fondos para actividades que varían según el legislador.
En contraste, sólo ocho de los 25 diputados ha presentado iniciativas propias en más de un año de gestión y, de ellas, la mayoría carece de impacto real.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que el 80 por ciento de las propuestas legislativas en los últimos cinco periodos provienen del Poder Ejecutivo, evidenciando un Congreso subordinado que opera más como una ventanilla de trámite que como un contrapeso constitucional.
De acuerdo con el organismo, 21 iniciativas fueron enviadas por el Ejecutivo, dos por el municipio Benito Juárez y sólo tres por legisladores de Morena, todas de carácter simbólico o cultural.
Peor aún, varias de las leyes impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas sin observaciones por el Congreso -como la Ley de Movilidad y la Ley de Expropiación- han sido impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contener disposiciones inconstitucionales o excesivas.
Sometidos a los poderes constitucionales
“El Congreso no le mueve ni una coma a las propuestas del Ejecutivo; es un ejemplo claro del sometimiento de poderes constitucionales que seguiremos viviendo”, advirtió el organismo.
La XVIII Legislatura (2024-2027) está integrada por 13 diputados de Morena, cuatro del PVEM, tres del PT, dos del PAN, uno del PRI, otro de Movimiento Ciudadano y una legisladora sin partido. Entre ellos, Alberto Batún ha presentado 21 iniciativas, la mayoría irrelevantes y elaboradas en conjunto con su bancada.
Andrea González Loría acumula 16 propuestas, con un 94.2 por ciento de asistencia, mientras que Hugo Alday (PT) -con 72%- es uno de los pocos diputados que ha presentado iniciativas de verdadero peso legislativo.
En el extremo opuesto, varios legisladores acumulan numerosas inasistencias sin consecuencias visibles: José Luis Pech (MC), con 84% de asistencia; Filiberto Martínez (PRI), 87.7; María José Osorio (PVEM), 78.7; Renán Sánchez Tajonar (PVEM), actual presidente de la Junta de Coordinación Política que concentra poder y, sobre todo, recursos económicos, con 85%; Euterpe Gutiérrez Valasis (Morena), 89.6; se pudo constatar en la página oficial del Congreso del Estado.
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El organismo advierte que muchas de las iniciativas presentadas sólo buscan inflar indicadores de productividad.
“Hemos visto casos de diputados que presentan modificaciones menores, como cambios de lenguaje o de perspectiva de género”, señalan.
Agregó que “únicamente para aparentar actividad legislativa, sin impacto en la vida pública”.
Con más de medio millar de millones de pesos de presupuesto anual, un aparato burocrático sobredimensionado y escasos resultados tangibles, el Congreso de Quintana Roo sigue siendo una carga costosa para los ciudadanos y un símbolo del dispendio político en el país, señalan los organismos ciudadanos.
