Organizaciones ciudadanas y ambientalistas expresaron su indignación y calificaron como una vergüenza la decisión del Ayuntamiento de Benito Juárez de impugnar la sentencia del Juzgado Segundo de Distrito que invalida el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de 2022, por considerar que se violentaron derechos fundamentales en su elaboración.
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La juez Angélica Ortuño resolvió que el PDU deberá ser reelaborado desde cero, al detectar que el proceso no garantizó la participación ciudadana ni brindó acceso claro y oportuno a la información ambiental, violando principios básicos de transparencia y sustentabilidad.
El colectivo Por la Defensa de un Medio Ambiente Sano (DMAS) celebró el fallo, señalando que la sentencia representa un avance jurídico importante, comparable con el obtenido en 2024 por la defensa de Playa Delfines. “La autoridad judicial federal otorgó a los cancunenses una sentencia completa, estudiada y actual, ahora invalidando ese Programa de Desarrollo Urbano fraudulento de 2022”, afirmó su representante.
Por su parte, el Grupo Ecologista del Mayab subrayó que no se deben permitir más instrumentos de planeación urbana sin estudios de capacidad de carga ambiental que los respalden: “No queremos que se sigan aprobando cambios de uso de suelo o planes de desarrollo sin evaluar el impacto ecológico real”.
La sentencia judicial ordena al Ayuntamiento reiniciar el procedimiento desde su etapa inicial, asegurando que los documentos estén disponibles de forma comprensible y que la ciudadanía tenga una posibilidad real de participar, incorporando sus comentarios y opiniones en el resultado final.
Ante este panorama, el secretario del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez, informó que ya se trabaja en una nueva versión del PDU y que se buscará la asesoría de organizaciones como ONU-Hábitat para garantizar un proceso “más transparente y completo”. Sin embargo, confirmó que se analiza presentar un recurso de revisión, ya que el fallo aún no es definitivo.
“La sentencia no está en firme, todavía hay rutas legales disponibles. El equipo jurídico está evaluando los argumentos de la juez, entre ellos el tema de la participación ciudadana y el posible daño ambiental”, explicó.
Gutiérrez defendió el proceso original al afirmar que sí se llevaron a cabo mesas de consulta ciudadana, aunque no precisó si estas cumplieron con los estándares requeridos por la ley y la juez federal. No obstante, la resolución subraya que el Ayuntamiento debe garantizar el acceso previo de la ciudadanía a los documentos que serán discutidos en el cabildo y que estos comentarios deben motivar cambios reales en el nuevo PDU.
JGH