Autoridades federales y estatales revisan que comunidades menonitas no hayan sembrado maíz transgénico en Quintana Roo, declaró la gobernadora Mara Lezama, quien también informó que se mantiene una supervisión estricta para detectar construcciones ilegales y deslindar responsabilidades en casos de devastación forestal. Añadió que, en conjunto con la Semarnat, se analiza el caso de Cemex en Tulum.
En entrevista, tras el arranque oficial del Operativo Vacacional de Verano 2025, la mandataria aseguró que los operativos de vigilancia ambiental se realizan “con lupa”, aunque organizaciones ambientalistas advierten que las afectaciones a la selva maya continúan.
Araceli Domínguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), alertó que la destrucción del ecosistema en Quintana Roo avanza bajo dos ejes: la expansión agroindustrial menonita y los intentos de explotación pétrea por parte de la empresa Cemex.
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“Aunque las autoridades aseguran revisar todo con lupa, al menos 2 mil 608 hectáreas han sido arrasadas en la Península entre 2024 y julio de 2026, de las cuales más de mil 300 se ubican en Quintana Roo”, señaló.
Domínguez recordó que las comunidades menonitas han desmontado grandes extensiones de selva para sembrar monocultivos intensivos de maíz, sorgo y soya, lo cual afecta directamente a apicultores, ya que elimina la flora silvestre que sustenta la producción de miel tradicional. La desaparición de plantas nativas también altera el hábitat de polinizadores, lo que repercute negativamente en cultivos campesinos y la biodiversidad.
Entre los daños ecológicos más graves, GEMA enumeró Pérdida de biodiversidad, pues la selva mediana y baja, hogar de especies endémicas, ha sido sustituida por extensiones agrícolas.
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Fragilidad del suelo debido a que la deforestación favorece la erosión, pérdida de nutrientes y merma en la recarga de acuíferos.
También se puede observar la reducción de flora silvestre disminuye la cantidad y diversidad de miel.
Domínguez también denunció que no existen datos públicos recientes sobre sanciones aplicadas a comunidades menonitas por devastación forestal. “La Profepa sancionó hace más de una década a grupos en Bacalar, obligándolos a restaurar 637.5 hectáreas. Pero entre 2024 y 2026 no hay evidencias de acciones similares”.
