Este 26 de enero de 2026, se informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo obtuvo sentencias condenatorias de 50 y 30 años de prisión a dos sujetos que fueron hallados culpables por el delito de violación. Ambos hechos ocurrieron en el municipio de Benito Juárez.
La información fue compartida mediante el comunicado 28/2026-FDN. De acuerdo con lo compartido por la dependencia, las sentencias fueron dictadas en audiencias separadas, por jueces de Control, esto después de que la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Sexuales y el Libre Desarrollo de la Personalidad aportará las pruebas correspondientes.
Rogelio Iván Puc Tejero fue el primer sentenciado, quien recibió 50 años de prisión por hechos registrados en el 2019. El sujeto habría aprovechado su cercanía familiar con la víctima de nueve años al momento de los hechos para cometer el delito de violación en diversas ocasiones. Los abusos ocurrieron en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, Primera Etapa, en la Supermanzana 247.
Tras el desahogo de prueba y alegatos de los aportes, el Juez determinó que no existía duda razonable sobre la responsabilidad del acusado, imponiendo además una multa de 153 mil pesos, así como el pago de la reparación integral del daño; el monto será fijado durante la audiencia de individualización de sanciones.
Por otro lado, Pablo Celaya de la Vega fue sentenciado a 30 años de prisión por el delito de violación, delito cometido el 3 de mayo de 2020 en perjuicio de una víctima con discapacidad cognitiva y física. Los hechos ocurrieron en el domicilio del sentenciado que se encuentra ubicado en el fraccionamiento Villa Marino, en la Supermanzana 317.
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La FGE estableció que el agresor tenía cercanía con la víctima, ya que había sido esposo de su madre, circunstancia que facilitó la comisión del delito. Además de la sentencia, el Juez impuso una multa de 192 mil 440 pesos y el pago correspondiente por la reparación del daño. La Fiscalía reiteró su compromiso de combatir los delitos sexuales y garantizar justicia para las víctimas en Quintana Roo.