Habitantes de la Supermanzana 25 y del fraccionamiento Barrio Maya denunciaron la presencia de tres mujeres, presuntamente de origen cubano, que reparten despensas y rejas de huevo con una condición: mostrar la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), entregar copia, permitir que le tomen fotografía al documento y firmar un formato. Familias pidieron investigar posible uso de datos.
Según colonos, las féminas afirmaron pertenecer a la llamada “Asociación Derechos de Peticiones”; sin embargo, esa denominación no aparece en el registro estatal de agrupaciones ni en consultas públicas.
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Una de las promotoras se presentó como Mónica Vázquez y aseguró que no labora para ninguna instancia gubernamental ni instituto político.
Los avisos sitúan una de las distribuciones en el cruce de las avenidas Uxmal y Yaxchilán, cerca de oficinas de la Secretaría del Bienestar y otra en la Región 517, sobre la avenida De los Mayas, esquina con la escuela “Popol Vuh”.
De acuerdo con testimonios, las involucradas se desplazan en un vehículo blanco y registran la información en una computadora portátil.
Residentes manifestaron inquietud por el posible uso indebido de datos personales. “Al rato va a haber homónimos con nuestra información”, comentó un vecino, al advertir riesgo de suplantación de identidad o utilización con fines electorales.
El especialista en seguridad Luis Lemollé advirtió que proporcionar copia del INE, fotografía y firma, junto con datos generales, puede facilitar el robo de identidad, la creación de padrones apócrifos o realización de trámites fraudulentos.
Añadió que la recopilación de información personal debe ajustarse a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y contar con un aviso de privacidad claro y accesible.
“Solicitar la credencial del INE para otorgar apoyos sociales no constituye, por sí mismo, un delito; no obstante, puede representar una falta si se emplea con propósitos electorales o sin consentimiento informado”, precisó el experto. Recordó que el INE ha señalado en reiteradas ocasiones que la identificación oficial no debe retenerse ni condicionarse para acceder a beneficios.
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Autoridades municipales y electorales fueron alertadas por ciudadanos para corroborar si la supuesta agrupación cuenta con constitución legal y si la captación de datos se apega a la normativa vigente.
Habitantes como Octavio, empleado de la zona de la avenida Politécnico, demandan mayor supervisión: “No sabemos quiénes son ni para quién trabajan. Cancún no solo enfrenta problemas de inseguridad; ahora también preocupa el posible tráfico de información disfrazado de ayuda comunitaria”, dijo.
Se solicitó una postura a las instancias municipales; sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.