La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, ubicada en la Supermanzana 94 sobre Avenida Miguel Hidalgo, se negó a recibir una denuncia formal presentada por el Coordinador General de Quintana Roo y el Sureste del Sindicato Nacional de Servidores Públicos (SNSP), Lic. Carlos Alejandro Dávila Rodríguez.
La denuncia acusa a la presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, y a varios funcionarios municipales —entre ellos Abraham Masegosa Raña, Rodrigo Andrés Ruiz Álvarez, Pedro Gutiérrez Varela y Santos Julián Medina Cab— de presunta violencia institucional, psicológica y política de género en agravio de siete trabajadoras sindicalizadas.
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Los hechos ocurrieron el pasado 31 de marzo. Según la denuncia, las empleadas fueron encerradas con llave en sus oficinas, incomunicadas, despojadas de sus teléfonos celulares y amenazadas con dejar sin salario a sus familias, con hambre para sus hijos menores y sin atención médica para padres ancianos y cirugías pendientes. Todo ello, presuntamente, para obligarlas a firmar renuncias preelaboradas y desarticular la disidencia sindical.
El documento, al que este medio tuvo acceso, incluye copias del acuerdo judicial federal, acuses sindicales y narrativas detalladas de las víctimas. A pesar de ello, el personal de la Fiscalía Especializada se negó a integrar la carpeta de investigación, argumentando inicialmente que “no correspondía” porque los hechos ocurrieron en Puerto Morelos, y posteriormente admitiendo que se trataba de “instrucciones de arriba”.
“Es indignante que la institución creada precisamente para proteger a las mujeres sea la que les cierre la puerta cuando son agredidas por el poder”, señaló Dávila Rodríguez al salir del Centro de Justicia para las Mujeres.
Las siete trabajadoras sindicalizadas fueron trasladadas a diferentes áreas del municipio y sometidas a presión psicológica, según consta en la denuncia. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido ninguna medida de protección (Código Violeta) ni ha aplicado el Protocolo de Estambul.
Este caso se suma a una serie de tensiones laborales en Puerto Morelos tras la notificación del sindicato al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo.
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Vecinos y organizaciones sindicales consultados expresaron su preocupación por la falta de acceso a la justicia para las mujeres afectadas. “Si ni siquiera la Fiscalía de la Mujer recibe la denuncia, ¿a dónde vamos a ir las trabajadoras cuando nos violenten?”, cuestionó una de las afectadas que prefirió mantener su identidad reservada por temor a represalias.
La denuncia ya fue turnada también a la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Congreso del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y organismos internacionales como la OIT y la CIDH.
Hasta el cierre de esta edición, ni la Fiscalía Especializada ni el Ayuntamiento de Puerto Morelos habían emitido una postura oficial sobre los hechos.
