Organismos empresariales y comisariados ejidales del sur de Quintana Roo se han unido para proponerles a las autoridades municipales, estatales y federales que se defina una regulación clara en la que se decrete que no es viable hacer del sistema lagunar Bacalar-Chetumal un Área Natural Protegida (ANP), como han intentado hacer de manera previa instituciones como la organización Amigos de Sian Ka’an.
Al respecto, se han unido la Coparmex, la Asociación de Hoteles del Centro y Sur de Quintana Roo, la Canirac, el Consejo Comunitario de la Laguna de Bacalar, Amigos de Xul-Há, el ejido Pedro A. Santos, el ejido Buenavista, el ejido Santa Elena, el ejido Península, el ejido Aarón Merino, el ejido Calderitas, y representantes de los propietarios de diversos predios de la zona costera de la Laguna de Bacalar, para emitir un documento dirigido a la gobernadora Mara Lezama para impedir que se dé la declaratoria de Área Natural Protegida del sistema lagunar.
Lo anterior, surge a raíz de las recientes declaraciones públicas de personajes como el director general del Ibanqroo, Alberto Carballar Osorio, y del diputado Renán Sánchez Tajonar, quienes retomaron la posibilidad de que dicha región sea declarada como Área Natural Protegida.
Al respecto, los opositores al decreto de ANP señalaron: “hemos mantenido una postura firme, clara y decidida cuando la Conanp, aliada con Amigos de Sian Ka’an, intentaron engañarnos simulando una consulta pública a favor de una declaratoria de un ANP, en un polígono de 219 mil 818.6840 hectáreas, que afectaba a 12 ejidos, abarcaba la zona de Ichkabal y la bahía de Chetumal.
En ese mismo sentido, el presidente del Conclab, Roberto Salgado Sangri, mencionó: “nos opusimos a esa pretensión y nuevamente nos vemos obligados a reiterar nuestra postura ante un tema que suponíamos superado”.
Por su parte, Hugo Galleti, biólogo e ingeniero forestal, explicó: “durante 10 años hemos planteado los argumentos técnicos y legales en contra de dicha iniciativa: la laguna de Bacalar es parte de un sistema hidrológico, y no tiene ningún sentido proteger la parte inferior de la cuenca si no tomamos en consideración la alta cuenca y el sistema de desagüe de la laguna. En la alta cuenca el monto y el uso indiscriminado de agroquímicos ha producido dos problemas: por un lado, el arrastre de sedimentos en la única corriente superficial que alimenta a la laguna de Bacalar, localizada en los alrededores de Buenavista (...); por otro lado, las aguas subterráneas que alimentan la laguna de Bacalar registran la presencia de contaminantes, y ninguno de estos problemas se soluciona con la propuesta de un ANP”.
Asimismo, el presidente de la Coparmex, Josué Osmany Palomo, mencionó que se le entregará a la gobernadora un documento donde quede plasmado todo lo expuesto: “en términos muy respetuosos, con fundamentos legales en el cual se le solicita que, en congruencia con su visión y con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, una definición política que garantice protección ambiental con prosperidad local. Le solicitamos encabezar una definición pública a favor de una ruta de auto regulación, con metas, plazos e indicadores, que ordene, sanee y vigile sin frenar el desarrollo de las familias del sur. Los empresarios consideramos que no es adecuado decretar un ANP, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa federal y estatal vigentes”.
Por su parte, el presidente de Amigos de Xul-Há, Héctor Peña, hizo hincapié en que las ANP en Quintana Roo han generado experiencias previas que no se puede permitir que se repitan en la zona sur de la entidad, para lo cual citó el caso de Sian Ka’an con el cierre del Parque Jaguar de Tulum con afectaciones sociales; Yum Balam, decretada el 06 de junio de 1994, con un programa que presentaba vacíos legales que estuvo vigente hasta el 2018, lo cual evidencia las limitaciones que aún existen en la gestión, vigilancia y beneficios comunitarios bajos los modelos de ANP que se mantienen actualmente.
