Un exescolta del exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, fue detenido tras más de cuatro años prófugo. Es señalado como uno de los posibles implicados en la desaparición de dos jóvenes ocurrida el 22 de febrero de 2020 dentro de la discoteca Imperio, ubicada en la plaza Infinity, sobre la avenida Chichén Itzá, en Cancún.
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El detenido, identificado como Roberto, había sido mencionado desde los primeros meses de la investigación. De acuerdo con el expediente, su nombre aparecía de manera constante en testimonios recopilados por colectivos y familiares. A pesar de ello, logró evadir a las autoridades, lo que provocó que el caso permaneciera estancado durante años. La Fiscalía había ofrecido una recompensa de 500 mil pesos para localizarlo, luego de que no se presentara a declarar ni atendiera los citatorios emitidos.
Antes de ser investigado, Roberto trabajó como escolta durante la administración estatal pasada y también desempeñó funciones en la Policía Municipal de Benito Juárez y en la Policía de Investigación. Activistas habían señalado que esos vínculos dificultaban su localización y generaban dudas sobre posibles redes de protección. De manera recurrente se mencionaba que residía en Tulum, donde presuntamente realizaba actividades irregulares y mantenía presencia en círculos señalados por colectivos como de riesgo.
La detención reactivó un expediente que durante años acumuló presión social. Organizaciones y familiares consideran el hecho como un avance, aunque insisten en que aún falta esclarecer lo ocurrido dentro de la discoteca y verificar la identidad de las víctimas vinculadas al caso. También solicitaron revisar las posibles responsabilidades de otros elementos que compartieron funciones con el detenido en corporaciones donde trabajó.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la actuación de servidores públicos que formaron parte de administraciones anteriores, así como la forma en que se condujeron investigaciones relacionadas con desapariciones durante ese periodo. Colectivos mantienen la exigencia de que las autoridades aporten información concreta sobre el paradero de los dos jóvenes y den seguimiento a líneas de investigación inconclusas desde 2020.
