El presidente municipal de Cozumel, José Luis Chacón Méndez, ofreció una disculpa pública tras la polémica generada por sus declaraciones sobre el caso de abuso en agravio de una menor, ocurrido en días recientes en la isla.
El Edil reconoció que sus palabras fueron “inadecuadas” y que la indignación social lo llevó a rectificar, en un hecho que ha puesto bajo escrutinio la sensibilidad y el papel del Gobierno local frente a una situación que marcó a la comunidad cozumeleña.
Destacó que la Fiscalía General del Estado logró la vinculación a proceso de Jairo “N”, militar en activo señalado como presunto responsable y subrayó que la administración municipal respalda las investigaciones.
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“Pido una profunda y sincera disculpa a la menor, a su familia y a la comunidad. Nuestro compromiso es velar por la niñez de Cozumel”, declaró.
Colectivos y ciudadanos aseguraron que la disculpa llegó tras varios días de críticas en redes sociales y manifestaciones que cuestionaron la falta de empatía del Edil y el silencio prolongado de las autoridades municipales.
Para amplios sectores de la población, la tardanza reflejó falta de sensibilidad en un caso que no sólo generó indignación, sino que también desató protestas, disturbios y una fuerte crisis de confianza en las instituciones locales.
A ello, comentaron, se suma que la actuación del Ministerio Público durante las primeras horas de la denuncia fue calificada como lenta e insuficiente, lo que derivó en que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) anunciara que revisará el proceder de las autoridades.
Vecinos y colectivos señalaron que la falta de protocolos claros de atención inmediata a víctimas contribuyó a la tensión social y a la percepción de impunidad.
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Aunque la disculpa pública busca cerrar el episodio y enviar un mensaje de compromiso institucional, la sociedad cozumeleña mantiene la exigencia de justicia y acciones concretas.
Familias y organizaciones civiles insistieron en que se fortalezcan los mecanismos de protección a menores, la atención psicológica a víctimas y la vigilancia en espacios públicos para prevenir que hechos similares se repitan.
La crisis también dejó una lección para el Gobierno municipal en temas que involucran a niños y adolescentes, la omisión o un discurso desafortunado no sólo afecta la imagen de las autoridades, sino que amplifica el dolor de la comunidad y erosiona la confianza en las instituciones.
