Elementos del Grupo Orión de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por su presunta responsabilidad en los delitos de robo, abuso de autoridad y amenazas de muerte en agravio de un menor de edad.
Los hechos, asentados en la carpeta de investigación FECC/QROO/DS/084/04/2026, habrían ocurrido el pasado lunes cuando la víctima, identificada como Alexis, regresaba de la localidad de Calderitas tras realizar una transacción comercial por instrucciones de su empleador.
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De acuerdo con el testimonio del afectado, tras concretar la venta de una motocicleta y recibir la cantidad de 15 mil 500 pesos, fue interceptado por agentes de la corporación estatal mientras se disponía a comprar alimentos. Los oficiales, quienes portaban pasamontañas y armas largas, sometieron al joven a una revisión de rutina sin justificación legal aparente, momento en el cual presuntamente le sustrajeron el dinero en efectivo.
Alexis denunció que, al reclamar sus pertenencias, fue amenazado con ser privado de la libertad y torturado, bajo el argumento de que los elementos ya contaban con su fotografía y domicilio particular.
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Ante el temor por su integridad física y la de su familia, el joven acudió a las instancias correspondientes respaldado por sus familiares y su jefe directo. El denunciante manifestó sentir miedo de salir a la calle para cumplir con sus labores de limpieza y mantenimiento, por lo que responsabilizó directamente a los agentes del Grupo Orión de cualquier daño futuro a su patrimonio o bienestar personal.
En su relatoría, exigió la devolución del recurso sustraído y la aplicación de las sanciones administrativas y penales que marca la ley.
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Debido a la gravedad de las acusaciones, la parte afectada también solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) para la emisión de medidas cautelares que impidan posibles represalias.
Por su parte, el equipo legal que acompaña al menor informó que se encuentran recabando evidencias adicionales para proceder simultáneamente por la vía civil, buscando un deslinde de responsabilidades integral frente a lo que calificaron como un exceso en el ejercicio de las funciones de seguridad pública.
Fernando Baeza
