Elementos de distintos órdenes de seguridad pública se dieron a la tarea de asegurar la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR ) de la villa de Espita, por una denuncia a la exalcaldesa Martha Mena, por haber construido en un predio privado con recursos públicos.
Elementos de seguridad pública aseguraron el terreno donde se encuentra el edificio de la UBR como parte de un procedimiento ordenado por la Juez Primero de Control del Quinto Distrito, y realizado por la Fiscalía General del Estado con sede en Tizimín, quienes solicitaron el apoyo de la Policía Municipal de Espita para seguir el proceso, en atención a una denuncia interpuesta por el legítimo propietario del terreno donde se construyó la obra.
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La denuncia data del año 2023 y señala que durante la administración 2021-2024, encabezada por la entonces alcaldesa Martha Mena, se edificó la UBR utilizando recursos públicos en un predio que resultó ser propiedad privada.
La obra se habría llevado a cabo sin el consentimiento del dueño, quien decidió proceder legalmente tras no llegar a un acuerdo con las autoridades de aquel momento. La situación se encuentra centrada exclusivamente en la exAlcaldesa, quien presuntamente autorizó la construcción de manera irregular.
Según se confirmó, las autoridades actuales no han sido citadas a declarar ni forman parte del proceso legal, dado que no se trató de una decisión aprobada por el Cabildo ni promovida por la administración en funciones.
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La comunidad espiteña se mantiene a la expectativa sobre el futuro de este espacio de atención médica que ha beneficiado a numerosas familias, tanto de la cabecera municipal como de sus comisarías.
Dentro de los servicios que ofrece esta unidad se encuentra la promoción de acciones de salud, atención a la discapacidad, proporcionar tratamiento de terapia física, de lenguaje, estimulación temprana, entre otros.
En el peor de los escenarios, según se dio a conocer, el municipio podría perder el acceso a estas instalaciones por tiempo indefinido.
