Con un fallo dividido y tras un debate que se prolongó por más de una hora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, en su última sesión antes de ceder el espacio a los togados electos, mantener en sus cargos hasta el año 2036 a seis magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) de Yucatán, todos designados durante la pasada gestión panista.
La decisión, que contó con la resistencia del Poder Ejecutivo federal y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), implica que Alberto Salum Ventre, Mario Castro Alcocer, Lizette Mimenza Herrera, Mauricio Tappan Silveira, Patricia Gamboa Wong y María Carolina Canto Valdés —actual presidenta del Tribunal, aunque ahora solo continuará como magistrada— conservarán sus nombramientos por más de una década.
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El núcleo de la discusión giró en torno a los artículos transitorios de la reforma judicial estatal, que establecieron la permanencia de los magistrados electos en el periodo anterior. Mientras la CNDH y la presidenta Claudia Sheinbaum argumentaron que dichos cargos debían renovarse a más tardar en 2027, la mayoría de los ministros de la Corte sostuvo que no podían invalidarse los efectos de un proceso electoral concluido, ya que la ciudadanía participó bajo las reglas entonces vigentes.
División en el pleno
La votación sobre este tema mostró la profunda división del pleno. En un primer momento, incluso se registró un empate respecto a la validez de ciertos artículos relacionados con la creación de nuevos tribunales locales. Finalmente, una ministra modificó su voto, lo que permitió que se mantuviera la redacción original de la legislación estatal.
En paralelo, la SCJN también resolvió que la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial de Yucatán será definida por mayoría de sus integrantes, con un periodo de gestión de dos años y la posibilidad de extenderse un año más.
Esta disposición también fue objetada por el Ejecutivo federal y la CNDH, pero el pleno ratificó su validez.
Obstáculo a la reforma
El trasfondo de este conflicto judicial radica en una serie de cambios constitucionales que generaron un proceso electoral extraordinario para designar a nuevos jueces y magistrados.
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De las 15 magistraturas del TSJE nombradas en la administración de Mauricio Vila Dosal, nueve ya fueron renovadas en junio pasado y seis permanecen intocadas con este fallo, lo que consolida su vigencia hasta 2036.
Para el gobierno federal y la CNDH, la permanencia de estos seis magistrados representa un obstáculo a la renovación del Poder Judicial en Yucatán y perpetúa la influencia de un grupo político ya fuera del poder. Sin embargo, para la mayoría de los ministros, su salida inmediata implicaría desconocer la validez de un proceso electoral avalado por la ciudadanía.
La resolución abre un nuevo capítulo en la disputa por el control del Poder Judicial en el Estado, y marca un precedente sobre la interpretación de los tiempos de permanencia de magistrados locales frente a las reformas impulsadas desde el Gobierno federal.