El regidor Adrián Gorocica Rojas valoró la clausura total temporal de la granja porcícola que contaminó y dañó la calidad de vida de Santa María Chi y otras poblaciones aledañas. Con la resolución de las autoridades federales, el regidor espera que el Ayuntamiento de Mérida analice y dé marcha atrás en el permiso de operación que aprobó a inicios del año. “Es momento de que el municipio revise esa licencia y la revoque”, afirmó, al recordar que se hizo una renovación sin revisar. “Debería revisarla”, reiteró al considerar que, para obtener una licencia de funcionamiento, es necesario cumplir con determinados requisitos.
Sin embargo, a decir de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no fue así, sino que incurrió en violaciones, como la falta de un permiso para descarga de aguas. “La operación de esta mega granja sin permiso de descarga de aguas infringe la ley y representa una amenaza permanente de contaminación para el suelo”, expuso la dependencia federal en un comunicado.
Gorocica Rojas felicitó a Santa María Chi, pues la clausura temporal “es producto de la organización de la comunidad”. “Todo el mérito es de la comisaría, de su comisario (Wilberth Nahuat Puc), que llevan años luchando, exigiendo… incluso con un proceso penal en su contra, que esperemos quede resuelto a su favor”, indicó.
Sobre lo contradictorio que resultó la renovación de la Comuna ante las agravantes señaladas por el Gobierno Federal, rememoró que en sesión de Cabildo señaló que el complejo porcícola fue multado por la SDS (Secretaría de Desarrollo Sustentable) y hay una investigación vigente de la Profepa. Como POR ESTO! informó, las direcciones de Finanzas y Tesorería Municipal y de Desarrollo Urbano le renovaron la licencia de funcionamiento a la Granja San Gerardo, a pesar de que un juez federal ordenó la inmediata paralización de operaciones. Le siguieron otros amparos a favor de la población de Santa María Chi.
En su momento, Gorocica Rojas criticó en sesión de cabildo a esas dos direcciones municipales, pues su actuar pareció parcial en favor de la aparcelera de Kekén. “Fueron justificaciones”, expuso, sobre lo que llamaron una “tramitología normal” de un proceso administrativo.
