El registro obligatorio de teléfonos móviles en México puede representar avances en materia de seguridad pública; sin embargo, también genera una elevada incertidumbre entre la ciudadanía, principalmente por el manejo de los datos personales. Así lo advirtió en entrevista con Por Esto! el doctor Celso Augusto López Pérez, integrante del Colegio de Abogados de Yucatán A.C., quien señaló que, aunque la medida ya es una obligación legal, persisten retos importantes, entre ellos la desconfianza social.
El especialista explicó que el principal argumento del Estado para impulsar y formalizar este registro es su utilidad como herramienta de seguridad, al considerarse un mecanismo “eficaz” para intentar disminuir las condiciones de inseguridad que prevalecen en el país. No obstante, subrayó que su implementación no ha estado exenta de cuestionamientos jurídicos y sociales.
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Indicó que, en términos constitucionales, se trata de un tema debatido desde principios de los años 2000, cuando ya se analizaba la viabilidad de un padrón de esta naturaleza. “La ciudadanía se siente expuesta con el manejo de sus datos ligados a la línea telefónica que normalmente utiliza”, afirmó, al señalar que esta preocupación sigue plenamente vigente.
López Pérez apuntó que los temores ciudadanos tienen origen, en gran medida, en antecedentes donde información sensible, que no debía ser de dominio público ni estar en manos de ciertas compañías, fue vulnerada y utilizada para fines ilícitos, como extorsiones o llamadas con fines criminales.
Datos comunes, pero en un contexto de inseguridad
El abogado precisó que los datos solicitados para el registro obligatorio son, en esencia, similares a los contenidos en la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral, por lo que no se trata de información extraordinaria. Sin embargo, enfatizó que ello no elimina las dudas, especialmente en un contexto marcado por una crisis de seguridad y por precedentes en los que registros similares fueron considerados violatorios del derecho a la protección de datos personales.
Reconoció que existen riesgos en la disposición que actualmente debe cumplir la ciudadanía, aunque aclaró que México no es el único país que ha adoptado este tipo de controles, ya que en diversas naciones de Centro y Sudamérica existen mecanismos similares. La eficacia del registro como herramienta para disminuir la inseguridad, dijo, solo podrá evaluarse con el paso del tiempo.
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“No es una solución total. Todavía tiene mucho trabajo que aterrizar, muchas lagunas que llenar y muchas consideraciones que cubrir”, advirtió el especialista.
Confianza ciudadana y vacíos legales
Uno de los principales desafíos, sostuvo, es la generación de confianza en la ciudadanía respecto al uso del registro y el cumplimiento real de los objetivos que el Estado vincula con la seguridad pública. En ese sentido, afirmó que la medida no supera la prueba de proporcionalidad frente a delitos como la extorsión o el secuestro, por lo que debe entenderse únicamente como una herramienta adicional dentro de una estrategia integral.
López Pérez mencionó también posibles vacíos legales, como el caso de líneas contratadas en el extranjero que operan en territorio nacional sin una regulación específica, lo que permitiría la realización de llamadas desde puertos de cómputo y no necesariamente desde una línea móvil tradicional, abriendo áreas grises en la implementación del registro.
Otro reto relevante es el registro de personas menores de edad o de adultos con alguna incapacidad que dificulte el cumplimiento adecuado del trámite, por lo que consideró indispensable que exista apertura institucional para atender estos casos y construir soluciones incluyentes.
Responsabilidad del Estado y de las empresas
Respecto a la garantía de que los datos no sean utilizados con fines distintos a los previstos, el especialista señaló que el Estado debe asumir una doble responsabilidad: emplear la herramienta exclusivamente para los objetivos establecidos y generar confianza mediante transparencia y claridad sobre quién controla la información y bajo qué mecanismos de supervisión.
En cuanto a las empresas de telefonía, explicó que están obligadas a proporcionar la información conforme a los lineamientos de identificación de líneas; sin embargo, subrayó que la responsabilidad principal recae en la autoridad que concentrará y administrará el registro.
Este tema fue abordado el día de ayer en una mesa panel denominada “El registro obligatorio de teléfonos móviles. Entre lo legal y Constitucional”, que se realizo en el Colegio de Abogados y estuvo a cargo del Dr. Rubén Sánchez Gil y del Dr. Celso López Pérez.
López Pérez sostuvo que existen alternativas legales menos invasivas y que el registro obligatorio no debe asumirse como el estandarte definitivo para combatir la inseguridad. “La ciudadanía tiene la obligación de cumplir la ley, pero también el derecho y la responsabilidad de cuestionar y expresar inquietudes; el debate y la participación siguen siendo fundamentales en un Estado democrático”, concluyó.