Representantes de comunidades mayas de Yucatán denunciaron en la Ciudad de México el despojo de territorios, la expansión inmobiliaria en zonas costeras y rurales, así como la criminalización de quienes defienden sus tierras.
En rueda de prensa convocada en la capital del país, integrantes de diversos consejos comunitarios afirmaron que el crecimiento urbano y turístico del estado está ocurriendo, en muchos casos, a costa de territorios que históricamente han pertenecido a los pueblos originarios.
La conferencia “¡La dignidad del pueblo maya no está en venta!” se realizó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde representantes de comunidades como Sisal, Dzitnup, Santa María Chi, Ixil, Kinchil y Molas expusieron una serie de conflictos territoriales que se han intensificado en los últimos años.
Uno de los testimonios más contundentes fue el de Shirley Galaz, quien hizo un llamado directo a quienes consideran comprar terrenos en la costa: “Yucatán es hermoso, Sisal es un paraíso y sabemos que es muy atractivo para el mercado inmobiliario, pero les pedimos, de verdad, que no compren terrenos. Detrás de estas ventas hay dolor para los pueblos mayas que están siendo despojados de sus territorios y criminalizados por defender la tierra donde han vivido sus ancestros”.
Noticia Destacada
Avanza limpieza en manglares de Progreso; basura revela años de abandono
Galaz señaló que el nombramiento de Sisal como Pueblo Mágico aceleró el crecimiento inmobiliario, lo que provocó la venta de extensiones de tierra entre Sisal, Chuburná y Celestún. Explicó que este proceso ha reducido significativamente el territorio disponible para los habitantes del puerto. “Sisal ha quedado prácticamente encerrado en una pequeña mancha urbana. Ya no hay hacia dónde crecer porque toda la tierra a nuestro alrededor ha sido vendida a inmobiliarias”, afirmó.
La defensora agregó que la expansión también ha provocado daños ambientales en la zona costera “Estas inmobiliarias destruyen manglares, afectan nuestros humedales y alteran el sistema lagunar para construir. Mientras tanto, el pueblo pierde su territorio y su forma de vida”, denunció.
Galaz recordó que, hace un año, habitantes de Sisal se movilizaron para denunciar estas afectaciones, pero aseguró que la respuesta institucional fue la intimidación y la criminalización de los manifestantes.
Muertes ligadas al reclamo del territorio
Durante el encuentro, representantes de los Consejos Mayas afirmaron que la defensa del territorio ha tenido consecuencias graves para algunos de sus integrantes.
Baldomero Poot, de la comunidad de Dzitnup, denunció que al menos tres personas han fallecido en el contexto de estos conflictos territoriales. Según relató, entre las víctimas se encuentran un comisario comunitario, un comandante y un subcomandante que participaban en la defensa de tierras comunales.
Poot explicó que en su comunidad varios cenotes que pertenecían al pueblo fueron entregados a particulares con la promesa de que la comunidad recibiría el 50 por ciento de las ganancias generadas por su explotación turística. Sin embargo, afirmó que estos sitios son operados por empresas privadas sin que el pueblo reciba beneficios económicos.
Además, aseguró que personas involucradas en la defensa del territorio han fallecido en circunstancias que consideran sospechosas, y denunció haber sido perseguido por individuos armados dentro de su propia comunidad.
Incidentes por granjas y expansión urbana
Los representantes comunitarios también expusieron conflictos relacionados con proyectos agroindustriales y la expansión de la mancha urbana en diversas regiones del estado.
Desde la comisaría meridana de Santa María Chi, Wilberth Nahuat denunció que una granja porcícola ha contaminado el manto acuífero de la zona durante más de tres décadas. Aunque la comunidad logró obtener una resolución para su clausura definitiva, señaló que aún existe incertidumbre sobre si la operación será realmente desmantelada y cómo se reparará el daño ambiental acumulado durante 30 años.
Por su parte, Peregrina Cutz, de Ixil, expresó la preocupación de su comunidad ante la posibilidad de integrarse a un proyecto de expansión metropolitana de Mérida. La líder comunitaria aclaró que los habitantes no se oponen al desarrollo del estado, pero sí a que avance sin la participación de las comunidades. “No estamos en contra del progreso, pero queremos que beneficie primero a los pueblos originarios y que podamos decidir cómo crecer, no que se nos imponga”, afirmó.
Noticia Destacada
Activistas piden frenar la expansión de megagranjas porcícolas que avanzan sobre el acuífero de Yucatán
Federico May denunció que en la comunidad de Tzemé se intenta ampliar una granja avícola que, según dijo, amenaza vestigios arqueológicos y zonas de monte utilizadas por los pobladores. El activista señaló que, pese a que autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Instituto Nacional de Antropología e Historia han determinado la clausura de las obras, persiste la preocupación de que el proyecto continúe.
