En Yucatán, la justicia para adolescentes camina a contracorriente del reclamo social: aunque cada año se abren alrededor de 400 carpetas de investigación contra menores infractores, sólo entre 30 y 35 derivan en medidas dentro del sistema especializado, bajo un modelo que privilegia la reeducación por encima del castigo.
En medio de casos recientes que han generado indignación pública por agresiones cometidas por menores de edad, la Fiscalía General del Estado (FGE) fue tajante: la ley no permite juzgarlos como adultos.
“A los adolescentes se les tiene que juzgar como adolescentes, no hay excepción”, afirmó el titular de la Vicefiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, Rafael Pinzón Miguel.
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Sistema sin enfoque punitivo
Lejos de un esquema carcelario, el modelo vigente busca modificar conductas antes que sancionarlas, mediante programas de rehabilitación, cursos y procesos de concientización.
La intención, explicó el funcionario estatal, es evitar que los jóvenes reincidan y brindarles herramientas para reintegrarse a la sociedad.
Uno de los focos más sensibles es que, en muchos casos, tanto víctimas como agresores son adolescentes, lo que obliga a las autoridades a intervenir con protocolos diferenciados.
Para ello, la Fiscalía estatal ha comenzado a adecuar espacios especializados de atención, enfocados en acompañamiento psicológico y legal.
Cobertura estatal
La Vicefiscalía opera en todo el estado, en coordinación con unidades del interior y de Mérida, con el objetivo de agilizar las investigaciones y reducir los tiempos de resolución.
El modelo, sin embargo, no está exento de cuestionamientos.
El aumento en reportes de desaparición y casos de violencia juvenil –reflejados en alertas Amber– ha reavivado el debate sobre si el sistema debe endurecerse.
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Aun así, la postura oficial se mantiene: los delitos cometidos por menores deben atenderse desde sus causas.
El origen del problema
De acuerdo con la Fiscalía, muchos de los adolescentes en conflicto con la ley provienen de entornos familiares disfuncionales o bajo influencia de adultos, lo que refuerza la necesidad de un enfoque integral.
Más que castigo, insiste la autoridad judicial, se trata de romper ciclos de violencia antes de que escalen a la vida adulta.
