24 años después de que alguien tirara una envoltura de frituras al cenote Chankom, la bolsa seguía casi intacta en el fondo. El hallazgo, hecho por buzos durante labores de saneamiento, sirvió como recordatorio incómodo de algo que en Yucatán rara vez se dimensiona: lo que se tira arriba, tarde o temprano, termina abajo, en el mismo sistema del que sale el agua que se bebe.
El dato duro es este: se calcula que en el estado existen entre 7 mil y 8 mil cenotes, pero la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) apenas tiene registrados 3,050, según reconocieron públicamente investigadoras de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Es decir, menos de la mitad del universo real de estos cuerpos de agua cuenta con algún tipo de diagnóstico oficial. Del resto, simplemente no se sabe en qué condición están.
Ese vacío de información no es un detalle menor en una entidad donde no existen ríos ni lagos superficiales y toda el agua dulce disponible proviene del subsuelo. La península se asienta sobre una plataforma de roca caliza altamente porosa, atravesada por grietas, cavernas y conductos por los que el agua –y cualquier cosa que se filtre hacia ella‒ circula con rapidez.
Estudios académicos calculan que 71 por ciento del acuífero yucateco presenta una vulnerabilidad alta, muy alta o extrema a la contaminación. A esa fragilidad natural se suma una cifra que debería ser noticia por sí sola: en Yucatán, apenas 2.7 por ciento de las aguas residuales recibe algún tipo de tratamiento antes de volver al subsuelo.
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La zona más peligrosa
Un estudio con sistemas de información geográfica sobre el riesgo de contaminación del acuífero yucateco ubicó a la Zona Metropolitana de Mérida como la zona de mayor peligrosidad de todo el estado, precisamente por concentrar la mayor densidad de vivienda sin sistema de alcantarillado, junto con carreteras, gasolineras, granjas y zonas de agricultura intensiva con fertilizantes y plaguicidas. Es decir, el riesgo más alto no está en el monte, sino donde vive la mayoría de los yucatecos.
Frente a ese panorama, el gobierno estatal sí ha puesto en marcha una respuesta. Desde 3l 2025, la SDS opera la Estrategia para la Conservación de los Sistemas Kársticos, que en su primer año contempló intervenir 20 cenotes prioritarios: 15 bajo gestión directa de la dependencia y cinco más en colaboración con la Fundación Bepensa. Las jornadas han arrojado resultados concretos y medibles.
En Tekit, el cenote X’Pakay entregó 102 kilos de residuos, 38 de ellos extraídos del fondo por buzos. En Dzityá, seis buzos sacaron 109 kilos de basura del cenote Chen Ha, entre ellos una llanta, un excusado y fragmentos de gabinetes de cocina. En Homún, el cenote Pedz Can aportó otros 47.5 kilos, y más recientemente, en la comisaría de Popolá, en Yaxcabá, una jornada conjunta con el ayuntamiento y la empresa Empaques Nova permitió retirar 104.3 kilos adicionales.
Son operativos reales, no simulación. Pero también son, en la práctica, gotas frente a un problema que se mide en miles de cenotes sin diagnosticar y en un acuífero que recibe, de manera constante, nitratos, plaguicidas, hidrocarburos, fármacos y productos de cuidado personal filtrados desde la superficie.
La propia Facultad de Química de la UNAM monitorea estos compuestos en cenotes y pozos de abastecimiento de la península, e incluso utiliza la presencia de cafeína en el agua como marcador para detectar aportaciones de aguas residuales de origen humano. Es una forma de decir, sin rodeos, que la contaminación del acuífero yucateco ya no es hipótesis: es objeto de vigilancia científica permanente porque está ocurriendo.
Un decreto incompleto
El problema no termina en la basura visible. En julio del 2025, el gobierno estatal publicó el Decreto 88/2025, que amplió el número de municipios cubiertos por la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes de 13 a 24. En apariencia, un avance. Sin embargo, la superficie total protegida se redujo, de las 219,207.83 hectáreas decretadas originalmente en 2013 a 213,737 hectáreas.
Y el nuevo decreto dejó fuera del marco legal a municipios donde la presión urbana e industrial es más alta –entre ellos Mérida, Kanasín y Umán–, precisamente las zonas donde la recarga del acuífero enfrenta mayor riesgo.
Organizaciones ambientalistas han señalado que el Anillo de Cenotes reconocido oficialmente por instancias como la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad atraviesa entre 27 y hasta 54 municipios, según la fuente, muy por encima de los 24 que hoy cubre el decreto vigente.
El agua subterránea que corre bajo esos municipios no es un tema abstracto: es la única fuente de abastecimiento para prácticamente toda la población de Yucatán, y sostiene además una economía turística que factura entrada tras entrada en los cenotes del Anillo, muchos de ellos parte de un sitio Ramsar de 891 hectáreas reconocido por su valor internacional como humedal. Cada cenote que se cierra por contaminación, o que simplemente deja de ser seguro para nadar, no sólo es una pérdida ecológica: es también un golpe directo a las familias mayas que viven del turismo comunitario en municipios como Homún, Cuzamá o Tecoh.
Tampoco es un asunto nuevo. Desde que la reserva fue declarada Área Natural Protegida en el 2013, el estado tardó una década en licitar siquiera la elaboración de su Programa de Manejo, el documento técnico que debería definir con precisión qué se puede hacer, qué se prohíbe y cómo se vigila dentro de la zona. Para cuando esa licitación se publicó, en 2023, especialistas en derecho ambiental ya advertían que el retraso había permitido desequilibrios ecológicos que un marco normativo oportuno pudo haber contenido.
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Limpieza de nunca acabar
El contraste, entonces, no es entre limpiar o no limpiar los cenotes. Es entre un esfuerzo operativo real –cientos de kilos de residuos retirados cenote por cenote‒ y un marco de protección legal y de monitoreo que sigue llegando tarde, con huecos y sin cubrir a la mayoría de los más de siete mil cuerpos de agua de los que depende, literalmente, el agua que se bebe en Yucatán.
Mientras ese hueco no se cierre, cada cenote saneado corre el riesgo de volver a llenarse, porque lo que no se registra, no se vigila; y lo que no se vigila, sigue recibiendo, sin que nadie lo note de inmediato, aquello que arriba ya se dio por desechado.
