La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) decidirá hoy quién estará al frente de la institución durante los próximos cuatro años, en una elección que también pone a discusión dos asuntos de fondo: cómo financiar sus actividades académicas y qué respuesta ofrecerá a las denuncias de violencia de género que han planteado integrantes de su comunidad.
El actual rector, Carlos Alberto Estrada Pinto, tiene la posibilidad de permanecer en el cargo hasta el 2030, mediante una segunda gestión consecutiva. Su continuidad será definida por el Consejo Universitario, responsable de elegir al titular de la Rectoría en una sesión extraordinaria convocada para este jueves.
La votación será secreta y estará reservada a los integrantes del máximo órgano de gobierno con derecho a sufragio. No participará directamente toda la comunidad estudiantil ni el conjunto de trabajadores universitarios.
La decisión marcará el rumbo de la principal universidad pública del estado, del 1 de enero del 2027 al 31 de diciembre del 2030, periodo en el que su administración deberá enfrentar las necesidades presupuestales, la formación académica y las exigencias de atención a estudiantes que denuncian acoso y discriminación.
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Para formalizar una candidatura se requiere el respaldo de por lo menos diez integrantes del Consejo Universitario con derecho a voto, además de cumplir los requisitos legales y estatutarios. El registro de propuestas permanece abierto hasta el día hábil anterior a la elección.
Uno de los temas que acompañan el proceso es la situación financiera de la casa de estudios. En su propuesta para continuar al frente de la UADY, Estrada Pinto sostiene que los recursos públicos provenientes de los gobiernos federal y estatal han sido insuficientes e inciertos para atender las necesidades de la institución.
Ante ese escenario, plantea fortalecer la obtención de ingresos adicionales mediante convenios con organizaciones, prestación de servicios especializados, aportaciones filantrópicas y mecanismos de inversión.
La propuesta abre una discusión sobre el papel que deberán desempeñar los recursos privados y las actividades de generación de ingresos dentro de una universidad pública.
Sectores críticos han expresado preocupación por la posibilidad de que una mayor dependencia de estas fuentes termine por dar influencia a intereses externos en las decisiones académicas o en la administración del patrimonio universitario.
La discusión adquiere relevancia porque las decisiones sobre financiamiento pueden repercutir en los servicios educativos, las condiciones laborales, la investigación y la capacidad de ampliar los espacios disponibles para estudiantes.
Reclaman atención al acoso
El otro frente de cuestionamientos corresponde a los mecanismos universitarios para atender denuncias de violencia de género, hostigamiento y acoso sexual.
La colectiva UADY sin Acoso, representada por Karen Uc Yah, ha señalado que la institución no ha incorporado una propuesta de reforma integral al protocolo impulsada desde la comunidad estudiantil.
De acuerdo con la vocera, el procedimiento vigente presenta deficiencias que pueden provocar que quienes denuncian vuelvan a enfrentar situaciones perjudiciales durante la atención de sus casos, particularmente cuando los señalados son docentes o directivos.
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Los señalamientos colocan nuevamente bajo discusión la capacidad de los órganos universitarios para recibir quejas, investigar los hechos denunciados y garantizar condiciones de protección para las personas involucradas.
La universidad informó en mayo pasado que el Consejo Universitario había analizado una actualización de su protocolo, con el propósito de adecuarlo a reformas legales sobre igualdad, derechos humanos y prevención de la violencia.
No obstante, permanece pendiente esclarecer si esa revisión incorporó las modificaciones solicitadas por las estudiantes y cuál fue el resultado formal de la propuesta presentada por las colectivas.
Las organizaciones estudiantiles demandan que la actualización se discuta de manera abierta y que se establezcan mecanismos efectivos de participación para quienes han denunciado deficiencias en su aplicación.
Cuatro años más, en decisión
El proceso también ocurre en una universidad que, a lo largo de sus 104 años de historia, no ha tenido una mujer al frente de la Rectoría.
La representación femenina en el máximo cargo forma parte de las demandas expresadas por sectores de la comunidad, aunque la designación deberá realizarse conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en la legislación universitaria.
Estrada Pinto fue elegido rector en noviembre del 2022, cuando obtuvo 35 de los 52 votos emitidos por el Consejo Universitario. Su gestión comenzó el 1 de enero del 2023 y concluirá el próximo 31 de diciembre.
Ahora, el nuevo Consejo tendrá la responsabilidad de decidir si le concede otro periodo o designa a una persona diferente para dirigir la institución.
La elección resolverá quién ocupará la Rectoría hasta el 2030, pero no cerrará por sí misma las discusiones sobre financiamiento, participación universitaria y atención de la violencia de género. Esos asuntos quedarán bajo la responsabilidad de la administración que resulte designada.
