Las acusaciones difundidas durante la marcha del Día Internacional de la Mujer en Mérida contra un funcionario estatal comenzaron a ser revisadas por la Secretaría de las Mujeres de Yucatán (Semujeres), informó su titular, Sisely Burgos Cano.
Entre los señalamientos que circularon durante la movilización se encuentra el caso de Miguel “N”, quien se desempeña como jefe del Departamento de Logística y Protocolo de la dependencia, cuyo nombre aparece en una de las pintas en el Monumento a la Patria.
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La funcionaria explicó que, hasta el momento, no se tiene registro de denuncias formales presentadas ante autoridades competentes contra el servidor público; sin embargo, aseguró que la institución se mantendrá atenta en caso de que se interponga una querella.
Subrayó que Semujeres no tiene atribuciones para investigar ni sancionar posibles delitos, por lo que cualquier proceso corresponde a instancias como la Fiscalía General del Estado de Yucatán. En ese sentido, señaló que la dependencia actuará conforme a lo que determinen las autoridades encargadas de la procuración de justicia.
Analizan mensajes
En relación con las pintas y consignas realizadas en monumentos y espacios públicos durante la protesta, la funcionaria indicó que el interés de la Secretaría se centra en analizar los mensajes que dejaron las manifestantes para comprender las problemáticas que están denunciando.
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De acuerdo con Burgos Cano, personal de la institución revisa las frases y consignas visibles en distintos puntos de la ciudad para identificar reclamos vinculados con violencia de género o con fallas institucionales en la atención a las mujeres, para fortalecer las políticas públicas en esta materia.
Aclaró que la dependencia no busca elaborar listas de personas señaladas ni realizar investigaciones, sino interpretar el contenido de las expresiones surgidas durante la movilización social y traducirlas en acciones institucionales.
La titular de Semujeres hizo un llamado a evitar la criminalización de las mujeres que participaron en la marcha, al señalar que las manifestaciones representan un reclamo social que debe ser atendido mediante políticas públicas y acciones de gobierno orientadas a la prevención de la violencia de género.
