A un año de la despenalización del aborto en Campeche, la objeción de conciencia por parte del personal médico e incluso no médico continúa siendo la principal barrera para que las mujeres puedan acceder a este servicio, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que no es justificación para negarlo. En 2025, un total de 236 campechanas se practicaron la Intervención Voluntaria del Embarazo (IVE) con medicamentos de forma segura.
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Organizaciones de la sociedad civil, como Católicas por el Derecho a Decidir México y la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género de Campeche (Redmyh A.C.), sentenciaron que, a pesar de que la objeción es legal por cuestiones religiosas o morales, los hospitales tienen la obligación de garantizar este derecho a las mujeres. Por ello, pidieron al Congreso del Estado reformar la Ley de Salud local para regular el tema.
Durante la presentación del informe “Situación del Acceso al Aborto Legal en México con Énfasis en la Objeción de Conciencia”, expusieron que la despenalización del aborto en Campeche significó un avance histórico en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, resultado de años de lucha del movimiento feminista y de organizaciones locales. No obstante, advirtieron que el cambio al marco penal no es suficiente si no se garantizan servicios de salud accesibles, oportunos y de calidad.
Aidé García Hernández, directora de Católicas por el Derecho a Decidir México, señaló que el Estado tiene la obligación de asegurar el acceso efectivo al aborto legal y seguro, y que la objeción de conciencia debe ser regulada para evitar que se convierta en un obstáculo estructural. Subrayó que, si bien el personal médico puede invocarla por motivos éticos o religiosos, esta no puede utilizarse para negar un derecho humano fundamental como es el derecho a la salud.
Por su parte, Lilian Reyes Gutiérrez, subdirectora operativa de la organización, explicó que el informe recoge una investigación cualitativa realizada en 19 Estados del país, donde se identificó que la objeción de conciencia aplicada de forma colectiva, institucional y sin regulación clara vulnera no sólo el acceso al aborto, sino también la autonomía reproductiva y la libertad de conciencia de las usuarias. Añadió que el estudio derivó en recomendaciones urgentes, entre ellas garantizar personal no objetor suficiente, capacitar de manera continua a personal médico y administrativo, y establecer mecanismos de monitoreo con participación ciudadana.
Adriana López Belda, oficial de Despenalización Social y Acceso a Servicios de Aborto, destacó la importancia de avanzar en la despenalización social para erradicar el estigma y los juicios morales tanto en los servicios de salud como en la sociedad. Remarcó que garantizar el acceso al aborto no es una concesión, sino una obligación del Estado.
Finalmente, Isabel Rodríguez Casanova, representante de la Redmyh, expuso que pese a la despenalización, mujeres y personas con capacidad de gestar continúan enfrentando negativas y retrasos en hospitales públicos, incluso por parte de personal administrativo. Detalló que, ante estas barreras, las organizaciones civiles atendieron en 2025 a 236 mujeres que accedieron a la IVE con medicamentos de forma segura, y reiteró el llamado a las instituciones de salud y al Poder Legislativo para reformar la Ley de Salud estatal y garantizar servicios libres de estigma, accesibles y culturalmente pertinentes.