La Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi) rechazó el presunto desvío de recursos por un millón 096 mil 622.31 pesos, derivado de supuestos pagos a trabajadores que excedieron los montos anuales autorizados, detectados por la Auditoría Superior del Estado (Asecam) en la Cuenta Pública 2024.
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La dependencia justificó que se trató del pago de bonos de “lealtad y perseverancia” que no fueron cubiertos en 2023, pero que, debido a una reforma legal, debieron entregarse al año siguiente.
No obstante, aclaró que esta erogación estuvo autorizada por la Secretaría de Administración y Finanzas (Safin) y por la Junta de Gobierno de la Comisión, por lo que aseguró que no existe ninguna irregularidad, y en los próximos días será aclarada ante el órgano fiscalizador.
La directora general del organismo, Elvira de la Peña Abreu, señaló que la observación realizada por la Auditoría fue “sacada de contexto”, al precisar que se trata únicamente de un proceso de revisión que no consideró en su totalidad las condiciones bajo las cuales se efectuaron los pagos. Explicó que estos corresponden a prestaciones laborales otorgadas a trabajadores sindicalizados con antigüedad de 15, 20 y hasta 35 años de servicio.
Detalló que durante 2023 algunos empleados que cumplían con los años requeridos no recibieron el bono de “lealtad y perseverancia” debido a restricciones normativas vigentes en ese momento. Sin embargo, tras una reforma legal, se determinó que dichos pagos debían realizarse en 2024, lo que generó la observación por parte del órgano fiscalizador.
Indicó que dentro del monto observado también se incluyen pagos de aguinaldo a 34 trabajadores eventuales, los cuales aseguró fueron autorizados conforme a la normativa aplicable y avalados tanto por la Junta de Gobierno de la Codesvi como por la Secretaría de Finanzas.
De la Peña Abreu enfatizó que todos los recursos ejercidos cumplen con los lineamientos establecidos y forman parte de prestaciones legítimas para los trabajadores, rechazando cualquier señalamiento de irregularidad o mal uso de fondos públicos. “Nosotros trabajamos bajo la norma y pagamos lo que corresponde a los servidores públicos”, afirmó.
En cuanto al proceso de solventación, precisó que la dependencia cuenta con un plazo de 30 días para presentar la documentación correspondiente ante la Asecam, mismo que concluirá en las próximas semanas. No obstante, adelantó que la información podría ser entregada antes de que venza el término, ya sea a finales de esta semana o a inicios de la siguiente.
Reiteró que se trata únicamente de una aclaración administrativa y confió en que, una vez revisada la documentación, el órgano fiscalizador validará que los pagos se realizaron conforme a la ley y con las debidas autorizaciones, por lo que el caso quedará solventado sin mayores observaciones.
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JGH
