Campeche

Expolicías de Kobén piden al Congreso esclarecer despidos e irregularidades

Expolicías cesados tras el operativo en Kobén en 2024 solicitaron al Congreso de Campeche atender irregularidades en pagos, procesos judiciales y administrativos. Piden aclarar el destino de 192 millones de pesos y denuncian violaciones a sus derechos humanos.

Exelementos de la SPSC reclaman pagos y denuncian violaciones a derechos humanos
Exelementos de la SPSC reclaman pagos y denuncian violaciones a derechos humanos / Alejandro Balan

Expolicías de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) del Estado, despedidos luego del operativo en el Cereso de San Francisco Kobén en marzo de 2024, solicitaron la intervención de las y los diputados del Congreso Local para atender diversas irregularidades que persisten a casi dos años de los hechos.

Mediante un oficio fechado el 17 de marzo de 2026, suscrito por los exelementos —entre ellos Guadalupe Morán López y Rodolfo Benjamín Uc—, los inconformes comparecieron ante el Poder Legislativo para exponer demandas relacionadas con su despido, la falta de pagos y la lentitud en investigaciones administrativas y judiciales.

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Entre sus exigencias destaca la aclaración del destino de 192 millones de pesos contemplados en el Presupuesto de Egresos 2025, recursos que según el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Jezrael Isaac Larracilla, estarían destinados a la liquidación de los elementos cesados. También pidieron agilizar las investigaciones de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (expediente SCDGIA00030/24) y la atención a la denuncia en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (CI0552024FSCCAM).

Otra petición fue la resolución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado respecto a la queja 295Q-0562024, y cuestionaron que el Gobierno Estatal no haya acatado la medida cautelar emitida el 21 de marzo de 2024. Asimismo, denunciaron irregularidades en el Tribunal de Justicia Administrativa y procesos penales, como la orden de aprehensión contra José Alejandro Grajales Chab, que aseguran violentó el debido proceso. Los firmantes señalaron la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia (artículo 20 constitucional) y afectaciones legales, administrativas y psicológicas.

Fundamentaron su solicitud en el artículo 8 constitucional, que garantiza el derecho de petición y obliga a las autoridades a responder por escrito en breve plazo.

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