A un año de la despenalización del aborto en el Código Penal Estatal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) informó que no ha recibido quejas de mujeres a quienes se les haya negado el servicio en instituciones médicas. Sin embargo, advirtió que la objeción de conciencia no puede ser utilizada como un argumento absoluto por parte de los médicos.
La presidenta del organismo, Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía, aclaró que todo galeno que se declare objetor debe ser sometido a evaluaciones profundas para verificar si cumple con los estándares correspondientes. Subrayó que el personal médico que niegue el servicio sin justificación estaría incurriendo en una gestión indebida de la función pública, ya que está obligado a garantizar este derecho.
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Rodríguez Mejía señaló que el principal reto ya no es el marco legal, sino el acceso efectivo al aborto seguro en instituciones públicas, reconociendo que asociaciones civiles han denunciado dificultades en dependencias como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.
La Codhecam ha impulsado acciones de capacitación dirigidas a médicos, personal de enfermería y trabajo social, con el objetivo de brindar una atención adecuada y libre de estigmas. Además, se han realizado cuatro jornadas de capacitación en coordinación con colectivos y firmado convenios con organizaciones locales y regionales.
La ombudsperson enfatizó que, aun cuando exista un médico objetor, las instituciones de salud están obligadas a garantizar que otro profesional brinde el servicio. Finalmente, advirtió que cualquier negativa injustificada podría derivar en responsabilidades administrativas.
