En lo profundo de la selva maya, donde la vegetación cierra el paso y los caminos se pierden, existe un punto que desde hace más de un siglo divide a tres estados: Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Una posible resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2026 podría cambiar para siempre los límites territoriales de la región.
Noticia Destacada
Motociclista huye tras atropellar a peatón en Ciudad del Carmen
Origen del conflicto: un error de 1902
Todo comenzó en el gobierno de Porfirio Díaz. El 24 de noviembre de 1902, se creó el Territorio Federal de Quintana Roo mediante un decreto presidencial. La nueva entidad se separó de la antigua provincia de Yucatán, pero los límites se trazaron de forma imprecisa. La descripción oficial indicaba que el vértice sur de Quintana Roo estaría “cerca de Put”, sin coordenadas exactas.
“Put” era el nombre de un antiguo rancho en medio de la selva, cuyo nombre en maya significa “papaya”. En 1922, una comisión geográfica federal instaló un monumento de concreto sobre las ruinas del rancho, pero con el paso de las décadas cada estado interpretó la ubicación a su conveniencia:
- Campeche lo ubicó en el sitio del Rancho Put.
- Quintana Roo defiende la posición original del monumento y el meridiano histórico.
- Yucatán ha mantenido su propia interpretación.
¿Cuánto territorio podría perder Campeche?
La disputa principal entre Quintana Roo y Campeche se centra en una franja de selva dentro del municipio de Calakmul:
- Quintana Roo reclama de 4,800 a 6,000 km² que actualmente administra Campeche.
- En el conflicto general, se habla de hasta 10,000 km² en total.
Si la SCJN valida la posición de Quintana Roo, Campeche podría perder una porción significativa de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, incluyendo comunidades rurales, zonas arqueológicas y tramos del Tren Maya, como la estación Centenario. Algunos analistas señalan que una omisión del gobierno estatal al no promover a tiempo una controversia constitucional habría dejado al estado en desventaja jurídica.
Más de 150 comunidades en la incertidumbre
El problema no es solo de hectáreas. Más de 150 comunidades viven en una “tierra de nadie” administrativa. No saben con certeza a qué estado pertenecen, qué gobierno debe proveerles servicios, seguridad o escuelas. El INEGI ha tenido que ajustar sus mapas ante esta ambigüedad, que afecta incluso elecciones y el cobro de impuestos.
¿Qué sigue?
El caso está en manos de la SCJN, que podría emitir un fallo histórico en los próximos meses, con audiencias programadas para junio de 2026. Los gobernadores Layda Sansores (Campeche), Mara Lezama (Quintana Roo) y Joaquín Díaz Mena (Yucatán) aún tienen la opción de llegar a un convenio amistoso.
Mientras tanto, el monumento de 1922 sigue allí como testigo silencioso de un error cartográfico que, más de 120 años después, está por redefinir la economía y el rostro de la Península de Yucatán.
