La intención de implementar un registro obligatorio de líneas telefónicas continúa generando inquietud entre habitantes de Ciudad del Carmen, quienes consideran que la medida vulnera la privacidad y no ofrece garantías reales de seguridad, sino que podría incrementar los riesgos de uso indebido de datos personales.
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Jesús Rodríguez Plascencia, presidente del comité vecinal del fraccionamiento Puesta del Sol, expresó que la población percibe esta iniciativa como una intromisión directa a la vida privada, al señalar que actualmente los ciudadanos ya se encuentran registrados en múltiples plataformas oficiales y privadas, sin que ello haya impedido delitos como hackeos, extorsiones o suplantación de identidad.
Ante la presión para que se registre la línea en diferentes compañías, algunos ya lo han hecho y otros afirman que no lo harán. Al respecto, el entrevistado indicó que existe una creciente incertidumbre entre los usuarios de telefonía, ya que muchos temen que, de no cumplir con el registro, sus líneas puedan ser suspendidas, afectando su comunicación, trabajo y actividades cotidianas. Esta situación coloca a la ciudadanía en una disyuntiva entre proteger su información personal o perder un servicio esencial.
Recordó que no es la primera vez que se intenta implementar una medida de este tipo y que en ocasiones anteriores la presión social y las protestas ciudadanas lograron frenar iniciativas similares. En ese sentido, señaló que actualmente se observa nuevamente inconformidad y rechazo, al no existir claridad sobre el uso, resguardo y protección de la información que se pretende concentrar.
El representante vecinal también subrayó que incluso instituciones gubernamentales han sido víctimas de ataques cibernéticos y filtraciones de datos, lo que incrementa la desconfianza de la población. “Si a la propia autoridad le han vulnerado sus sistemas, ¿qué garantía tiene el ciudadano común de que su información estará segura?”, cuestionó.
Asimismo, señaló que muchas personas consideran recurrir a mecanismos legales como el amparo, al sentir que se les obliga a entregar datos sensibles sin una justificación clara ni beneficios tangibles en materia de seguridad pública.
Finalmente, afirmó que la ciudadanía se siente cada vez más acosada por la constante solicitud de información personal en distintos trámites y programas, mientras la delincuencia continúa aprovechando estas bases de datos para cometer ilícitos. Por ello, llamó a las autoridades a replantear este tipo de medidas y a generar estrategias que realmente protejan a la población y fortalezcan la confianza, en lugar de incrementar la sensación de vulnerabilidad.
JGH