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Dueño de tienda de armas en Arizona acusado de armar al CJNG y al Cártel de Sinaloa

Un vendedor de armas en Arizona fue acusado de suministrar armamento al CJNG y al Cártel de Sinaloa; enfrenta cargos por terrorismo y podría recibir largas penas.

Dueño de tienda de armas en Arizona acusado de armar a cárteles mexicanos.
Dueño de tienda de armas en Arizona acusado de armar a cárteles mexicanos. / Especial

Un comerciante de armas en Estados Unidos fue acusado de proporcionar armamento a grupos del crimen organizado mexicano. Se trata de Laurence Gray, de 65 años y propietario de la tienda “Grips By Larry”, en Hereford, Arizona, quien enfrenta cargos federales por presuntamente suministrar armas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa (CDS), organizaciones que desde 2025 fueron designadas como terroristas por el gobierno estadounidense.

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De acuerdo con un comunicado oficial de la Fiscalía Federal del Distrito de Arizona, así como una acusación ampliada emitida el 17 de marzo de 2026 por un gran jurado en Phoenix, Gray es señalado por intento y conspiración para proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras. Las autoridades sostienen que el imputado, quien contaba con licencia federal para la venta de armas, habría actuado de manera deliberada y con pleno conocimiento del destino final del armamento.

Entre las armas presuntamente facilitadas se encuentran pistolas, rifles semiautomáticos y al menos un rifle calibre .50, considerado de alto poder y frecuentemente vinculado con el crimen organizado en México. La investigación indica que los hechos ocurrieron principalmente en 2025, incluyendo un intento de entrega directa de armas al CJNG y su participación en una red para abastecer a ambos cárteles mediante esquemas como el uso de compradores fantasma.

Gray, quien ya había sido acusado previamente por tráfico de armas junto a otro individuo, se declaró inocente y fue presentado ante un juez federal el pasado 25 de marzo de 2026. Según el propio comunicado, de ser encontrado culpable, podría enfrentar largas condenas de prisión debido a la gravedad de los cargos relacionados con apoyo material al terrorismo. El caso forma parte de una estrategia del gobierno estadounidense para frenar el flujo de armas hacia organizaciones criminales en México.

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