Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su Gobierno está a favor de que se investigue a todos los funcionarios y políticos que presuntamente recibieron sobornos del capo Ismael “Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.
“Por supuesto que estamos en contra de cualquier soborno o acto de corrupción que tenga que ver con la seguridad. Nunca vamos a estar de acuerdo con la colusión del crimen con miembros del servicio público”, afirmó.
La mandataria subrayó que toda investigación que permita esclarecer vínculos entre delincuencia organizada y autoridades es necesaria para garantizar la justicia.
El Mayo Zambada se declara culpable en EE.UU.
El pronunciamiento de Sheinbaum ocurre tras la declaración de culpabilidad de Ismael Zambada García en un tribunal federal de Nueva York.
El histórico líder del Cártel de Sinaloa admitió su responsabilidad en narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, así como en la conspiración para cometer delitos bajo la Ley RICO de Estados Unidos.
Noticia Destacada
Sheinbaum responde a declaración de culpabilidad de “El Mayo” Zambada: “Lo que sabemos es lo mismo que ustedes saben”
Zambada reconoció que durante más de cinco décadas dirigió una amplia red criminal dedicada al tráfico de cocaína y metanfetaminas, y confesó haber corrompido a policías, militares y políticos mexicanos para garantizar la operación del cártel.
Una red criminal de más de 50 años
En su declaración, el Mayo explicó cómo recibía cargamentos de cocaína desde Colombia en barcos y aviones, que luego eran trasladados a estados fronterizos de México y posteriormente cruzaban con regularidad hacia Estados Unidos.
“Reconozco el gran daño que las drogas han provocado a Estados Unidos, México y otros lugares. Asumo la responsabilidad y pido perdón a las personas que se vieron afectadas por mis acciones”, expresó.
Posibles consecuencias
El juez Brian M. Cogan, encargado del caso, advirtió que cada delito del que se declaró culpable podría ameritar cadena perpetua, y será en enero de 2026 cuando se dicte la sentencia definitiva.
Mientras tanto, el gobierno mexicano reiteró su disposición a colaborar en investigaciones que esclarezcan los alcances de la corrupción política ligada al narcotráfico, un tema que vuelve a poner bajo la lupa la relación entre crimen organizado y poder público.
IO