La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó públicamente que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra su exesposo, Carlos Torres, por su presunta participación en un esquema relacionado con tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.
Durante una conferencia de prensa, la mandataria estatal subrayó que confía plenamente en el actuar de la autoridad federal y sostuvo que será la investigación la que determine responsabilidades.
Aclaró que Carlos Torres ya fijó una postura pública sobre el tema y reiteró que la FGR es una institución seria que realizará un análisis exhaustivo de los hechos.
Investigación federal y retiro de visas
La confirmación ocurre luego de que, en mayo de 2025, autoridades de Estados Unidos retiraron las visas tanto a Marina del Pilar Ávila como a Carlos Torres, un hecho que más tarde derivó en el inicio formal de una carpeta de investigación contra el exesposo de la gobernadora, a partir de una denuncia presentada ante instancias federales.
De acuerdo con información difundida por el medio NMás, la indagatoria apunta a que Carlos Torres habría recibido alrededor de 150 mil dólares mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, exsecretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Mexicali.
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Estos recursos, presuntamente, estarían vinculados a facilitar la operación del Cártel de los Rusos, una facción asociada al Cártel de Sinaloa, en territorio bajacaliforniano.
Posición de Carlos Torres
Ante los señalamientos, Carlos Torres aseguró que se apartó de cualquier actividad política con el objetivo de permitir que el proceso avance sin interferencias.
En su posicionamiento, negó las acusaciones y afirmó que la investigación no se basa en hechos comprobados, sino en lo que calificó como un señalamiento sin sustento claro.
Torres sostuvo que confía en que la revisión de las autoridades permitirá esclarecer la situación y deslindar responsabilidades conforme a derecho.
Postura de la gobernadora
Marina del Pilar Ávila insistió en que su gobierno no intervendrá en la investigación y reiteró su respeto a la autonomía de la FGR. Señaló que su prioridad es garantizar la transparencia institucional y permitir que las autoridades competentes determinen lo ocurrido.
El caso ha generado atención nacional por el contexto político y por las implicaciones en materia de seguridad en Baja California, una de las entidades con mayor presión del crimen organizado en el país.
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