La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer una acusación formal que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas.
De acuerdo con el comunicado oficial, los acusados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el envío de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas.
¿De qué acusan a Rubén Rocha Moya?
Las autoridades estadounidenses sostienen que el mandatario estatal habría mantenido una relación directa con la facción del cártel conocida como “Los Chapitos”.
Según la acusación, Rocha Moya habría participado en reuniones con integrantes del grupo criminal y ofrecido protección a sus operaciones a cambio de beneficios políticos y presuntos sobornos.
Incluso, el documento señala que su llegada al cargo habría contado con apoyo del grupo delictivo mediante acciones de intimidación contra rivales políticos, lo que refuerza la gravedad de los señalamientos.
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¿Quiénes son los otros funcionarios acusados?
La acusación incluye a otros nueve perfiles vinculados a estructuras de gobierno y seguridad en Sinaloa. Entre ellos se encuentran:
- Enrique Inzunza Cázarez
- Enrique Díaz Vega
- Dámaso Castro Zaavedra
- Marco Antonio Almanza Avilés
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”
- Gerardo Mérida Sánchez
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”
- Juan de Dios Gámez Mendívil
- Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”
Algunos de estos nombres ocupan o han ocupado cargos clave en instituciones de seguridad y procuración de justicia, lo que, según la Fiscalía, habría permitido proteger operaciones delictivas y filtrar información sensible al cártel.
¿Qué implicaciones tiene el caso?
La investigación apunta a una red de corrupción que operaría desde distintos niveles del gobierno estatal, facilitando la actividad del Cártel de Sinaloa en territorio mexicano y su expansión hacia Estados Unidos.
Autoridades estadounidenses señalaron que este tipo de estructuras permiten que organizaciones criminales mantengan su capacidad operativa y financiera, por lo que reiteraron que continuarán persiguiendo estos delitos sin importar el cargo de los implicados.
El caso ha generado impacto político y podría tener repercusiones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, mientras avanzan las investigaciones y los procesos judiciales correspondientes.
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