Al menos 150 personas se manifestaron este lunes 24 de agosto en la explanada del Palacio de Gobierno de Sinaloa para exigir que Rubén Rocha Moya no regrese a la gubernatura y que su grupo político tampoco continúe al frente de la administración estatal.
La protesta comenzó poco antes de las 08:00 horas y reunió a ciudadanos, representantes empresariales y actores políticos, quienes desplegaron una manta con la leyenda “Fuera Rocha” y también lanzaron consignas de “Fuera Rochismo”.
La movilización fue convocada bajo el nombre de “Manifestación por la Dignidad de los Sinaloenses” y ocurrió en medio de la incertidumbre política generada por la segunda licencia solicitada por Rocha Moya.
¿Qué exigieron los manifestantes en Sinaloa?
Los participantes pidieron que la persona que asuma la gubernatura interina tenga capacidad para gobernar y no represente una continuidad automática del grupo político de Rocha Moya.
La protesta se realizó mientras el Congreso de Sinaloa mantiene pendiente la definición de quién ocupará de manera interina el Poder Ejecutivo estatal.
Los inconformes centraron sus reclamos en la salida definitiva de Rocha Moya y en la necesidad de un relevo que, según señalaron, pueda conducir al estado durante el periodo restante.
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Congreso aprobó nueva licencia de Rocha Moya
La Diputación Permanente del Congreso estatal aprobó por unanimidad la nueva solicitud de licencia presentada por Rubén Rocha Moya.
El presidente del Legislativo, Manuel de Jesús Guerrero, remitió el expediente a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para continuar con el procedimiento correspondiente.
La nueva licencia se produjo después de que Rocha Moya retomó temporalmente sus funciones y posteriormente volvió a separarse del cargo.
Protesta ocurre en medio de incertidumbre política
La movilización coincide con el proceso para definir la conducción del Gobierno de Sinaloa, mientras permanecen abiertas investigaciones relacionadas con señalamientos contra Rocha Moya.
Hasta ahora, la existencia de esas indagatorias no implica que exista responsabilidad penal acreditada.
El Congreso local deberá resolver quién asumirá la gubernatura interina, mientras distintos sectores sociales y políticos mantienen presión para que la transición no represente una continuidad del actual grupo gobernante.
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