El traslado de 1 millón 154 mil pesos y 8,700 dólares en efectivo a bordo de un automóvil de lujo detonó la detención de la creadora de contenido venezolana María Fernanda “N” en la alcaldía Miguel Hidalgo. Más allá del impacto mediático del arresto, el caso expone la estrecha línea regulatoria que existe en México entre el manejo de dinero líquido.
A diferencia de lo que ocurre en aduanas o puertos internacionales, dentro del territorio nacional no existe un límite máximo estipulado para trasladar efectivo. Sin embargo, la legislación mexicana penaliza la incapacidad de acreditar el origen lícito de los recursos cuando una autoridad policial interviene en el marco de un operativo o inspección vial.
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Este fue el fallo en la justificación de María Fernanda “N”
Durante la intervención policial, la influencer venezolana argumentó que el capital provenía de sus ingresos como creadora de contenido y empresaria. No obstante, ante el Ministerio Público, la exhibición de perfiles en redes sociales, el número de seguidores o el estilo de vida digital carecen de validez jurídica.
Para justificar la tenencia legal de una suma de esta magnitud, el marco fiscal exige: Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), Declaraciones de Impuestos o Estados de cuenta y retiros bancarizados; estos permiten una justificación legal ante las autoridades.
Cuando un ciudadano transita con montos en efectivo que superan el millón de pesos sin una justificación legal, la Fiscalía inicia una investigación por lavado de dinero (Artículo 400 Bis del Código Penal Federal). Si no se acredita la procedencia en los plazos procesales, los fondos quedan asegurados y pueden ser objeto de la Ley de Extinción de Dominio a favor del Estado.
