Una grave situación que enfrentan comunidades rurales que deben convivir con el conflicto armado sin participar en él, pero sí sufriendo sus consecuencias, es el confinamiento: vivir encarcelados en sus poblados, en sus veredas o en sus chozas en plena selva sin poder salir siquiera a suplir necesidades básicas y apremiantes.
Las organizaciones armadas ilegales de todo tipo con frecuencia decretan paros armados y el país se entera de ellos por las noticias, pero en las ciudades es muy difícil dimensionar la situación de esas cárceles en que viven atrapadas muchas comunidades.
El domingo 27 de septiembre el periódico nacional El Espectador informó que desde el año 2017 hasta el día de hoy 781 mil 149 personas viven confinadas en sus comunidades sin posibilidad de abandonar su territorio. Esto es más que la población de Santa Marta, una de las ciudades más turísticas de Colombia, a orillas del Caribe, cuyos habitantes pueden movilizarse sin dificultad y disfrutar de las comodidades que ofrece la vida citadina.
Como nota al margen debo señalar que en la semana que terminó un grupo armado ilegal decretó un paro armado en esa ciudad: comercios cerrados y prohibición de circular a pie, en carro o moto, pero cumplido el plazo, que fue de tres días, la vida recuperó una aparente normalidad. No ocurre así en las comunidades confinadas; allí el encierro es total e indefinido.
El 80% de esos confinamientos ocurre en comunidades indígenas o afrocolombianas y a las dificultades cotidianas que desde siempre han padecido, este encarcelamiento les agrega impedir el disfrute de muchos de sus derechos: a la educación, la salud, la alimentación —porque deben limitarse a vivir de lo que escasamente en esas condiciones puedan cultivar, teniendo en cuenta que no son propietarios, la mayoría de las veces, más que de una parcela mínima—, el ejercicio de derechos ciudadanos como la elección de sus mandatarios, desde presidente hasta alcaldes y los de alcance comunitario.
En el departamento del Chocó, con población mayoritariamente afro e indígena y uno de los más pobres del país, si no el que más, el problema existe desde hace años y se mantiene sin que llegue una solución. Su población minera artesanal no se atreve a ir a los sitios donde los ríos les brindan una limosna de oro de vez en cuando, porque la salida puede costarles la vida.
Como son comunidades que se interrelacionan por sus ríos, algunos de ellos entre los más caudalosos del país, el encierro se hace más brutal porque sus movimientos son muy fácilmente detectables.
El reciente estremecimiento de la tierra en el terremoto del 10 de agosto pasado castigó con especial saña a este departamento, situación que lo visibilizó mundialmente por la visita de la cantante Shakira y su ofrecimiento de restaurar escuelas y construir otras, pero la situación no es nueva ni desconocida, sólo desatendida por los sucesivos gobiernos nacionales y departamentales.
Muchos de ellos no han encontrado otra salida que el desplazamiento forzado burlando, a riesgo de su propia vida, la orden de confinamiento, en busca de una pequeña luz de esperanza. Es una tragedia silenciosa para el resto del país, pero es un grito que debería ser ensordecedor para todos los colombianos.
No menos grave es la afectación a la vida comunitaria ante la imposibilidad de mantener sus ritos sociales, la realización de mingas para el trabajo colectivo, sus ceremonias funerarias, las congregaciones festivas que mantienen su historia y cohesionan su vida en sociedad, además del sufrimiento anímico que genera la ausencia de horizontes mínimos de progreso por la imposibilidad de escolarizar a sus niños.
El reconocimiento oficial de esta situación y la atención que han venido brindándole organizaciones sociales y de los organismos internacionales abren una luz de esperanza para la atención de este fenómeno que, aunque se conoce desde 1996, no ha recibido la atención que merece.
Las enormes cifras del desplazamiento forzado que se hacían evidentes en coliseos y estadios donde se hacinaba esta población, además de los que llegaban a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades, la visibilización que le dieron organizaciones sociales y algunas entidades gubernamentales y la intervención de la Corte Constitucional que mediante una sentencia de estado de cosas inconstitucional conminó al Estado a dar prioridad a su atención, llevaron a los grupos armados ilegales a ordenar los confinamientos como una manera de control que suponían menos visible en su contra.
La relatora de Naciones Unidas para los derechos humanos de los desplazados internos considera positivos los intentos institucionales por reconocer el confinamiento porque están dando a conocer al país y a su entramado gubernamental que esa es una realidad del conflicto armado interno que no se puede desconocer y que hay que atender de manera urgente.
Tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde que se empezaron a conocer manifestaciones de este drama, esperamos que su solución empiece a ser una realidad.
