EN LOS SALONES del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI se sabe que crece el malestar por presuntos esquemas de favoritismo en la asignación de espacios y servicios.
Señalan que el director del Patronato Cultur, David Escalante Lombard, habría convertido recintos como el Siglo XXI y el CIC en un circuito cerrado de operación, donde –según versiones de empresarios– la consigna es clara: quien busque espacio presuntamente debe contratar a la empresa “Amigo Yucatán”, vinculada a su entorno familiar, con la promesa de facilidades o descuentos en el uso de los inmuebles.
Pero no sería el único caso. En el Ayuntamiento de Mérida apuntan también hacia el secretario técnico de Turismo, Armando Casares, y la presunta operación paralela a través de la empresa “Control Tour”, ligada a su hijo, bajo un esquema similar. El resultado, dicen, ha sido el desplazamiento sistemático de proveedores locales de la industria de reuniones, quienes denuncian haber quedado fuera de eventos relevantes.
Habrá que poner atención a lo que ocurra con la próxima Semana Yucatán en México, donde –anticipan– la concentración de contratos en un solo grupo confi rmaría las alertas en el sector. Es decir… no importa el color, lo que importa es el negocio.
Por cierto, también en el Patronato Cultur –donde el silencio suele ser más elocuente que los comunicados– comienza a respirarse un aire denso, de esos que anticipan tormenta. Dicen los que saben que las cosas se han puesto “color de hormiga” tras un episodio que podría escalar más allá de lo administrativo. La protagonista de este nuevo capítulo ya tiene nombre y apellido: Ingrid Rivas, funcionaria del área de Evaluación y Gestión.
Según versiones que corren en voz baja, pero con insistencia, habría lanzado una advertencia nada menor: estaría dispuesta a sacar a la luz presuntas operaciones irregulares gestadas desde la Dirección de Administración. Y no se trataría de dichos al aire. Aseguran que habla con documentos en la mano.
El detonante, cuentan, habría sido el intento de seguir cargando responsabilidades al exdirector José Montalvo Góngora, a quien Rivas no sólo defi ende, sino describe como su mentor y un hombre íntegro. Esa línea, al parecer, es la que no está dispuesta a cruzar.
Quienes frecuentan el entorno aseguran que su eventual decisión de hablar podría cimbrar más de un escritorio, pues tendría en su poder documentos considerados de alto impacto. La inquietud no es menor: dentro del organismo ya hay quienes miden escenarios y revisan archivos con más cuidado de lo habitual.
PARECE QUE EN la Dirección de Administración del Ayuntamiento de Mérida algunos funcionarios públicos han recibido “concesiones” importantes que los habilitan para realizar “gestiones administrativas” fuera de horario laboral. En días recientes se ha agilizado la apertura de un restaurante sobre la calle 62 del Centro, respecto de permisos en materia de desarrollo urbano y tesorería.
Los involucrados serían nuevamente Joaquín Gustavo Chan Espinosa, subdirector de Ventanillas Únicas, y Paola González Linares, jefa del Jurídico, mismos que cuentan con el respaldo político de Jesús Efrén Pérez Ballote, director de Bienestar Humano de la comuna meridana.
EN UNA RENUNCIA más que se acumula a las ya habituales en el Gobierno del Estado de Yucatán, fi nalmente terminó el prolongado conflicto de Mildred Raquel Durán Segovia, quien se desempeñaba como directiva en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con su salida bajo el esquema de “baja voluntaria”.
Su lugar ahora es ocupado por Beatriz Noh Poot, vinculada con el también directivo de dicha dependencia, Héctor Manuel Rodríguez Hernández, así como con Luis Héctor Barrera Huerta, director jurídico del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Isstey).
EN LOS PASILLOS del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) el ambiente se ha tensado tras la circulación de un memorándum que resultó ser un “jalón de orejas” para directores y titulares de área. El mensaje fue directo: cumplir con sus labores en el Instituto.
La causa del documento, nos cuentan, fue un fallo general en los sistemas informáticos y de internet cuando, en días pasados, el propio consejero presidente, Moisés Bates Aguilar, y una de sus asistentes se disponían a realizar una sesión en línea. Al reportarse la falla, se detectó que ninguno de los directores ni jefes de departamento del área técnica estaba presente. Algunos –relatan– se encontraban dando clases en instituciones públicas o privadas, mientras que otros estaban “de comisión” en actividades externas.
La molestia institucional no fue menor. Tras confirmarse que parte de la estructura directiva ha confundido la fl exibilidad laboral con el ausentismo, Bates Aguilar giró un oficio exhortando a cumplir puntualmente el horario de presencia física de 09:00 a 16:00 horas. Sin embargo, advierten que la medida podría quedar en papel, ya que el propio consejero presidente y algunos integrantes cercanos tampoco mantienen de forma constante presencia en ofi cinas, debido a reuniones y actividades de representación.
En esta ocasión, señalan, ya no hay margen para justifi car fallas por falta de recursos, como ocurrió en 2025 durante la administración de Mauricio Vila. Para 2026, el Congreso del Estado aprobó al Instituto un presupuesto superior a los 253 millones de pesos, aunque menor a los 320 millones solicitados originalmente, lo que derivó en ampliaciones presupuestales en enero para “asegurar la operatividad”. No obstante, los propios ofi cios internos parecen contradecir esa narrativa.
DICEN QUE EN Palacio Municipal de Mérida saben que lo inmediato pesa: baches en 80.8%, coladeras tapadas en 66.4% y alumbrado defi - ciente en 64.6%. Problemas que se pisan, se esquivan y se reclaman en corto… y que, aunque muestran ajustes o mejoras, siguen instalados en la conversación cotidiana.
Pero del otro lado –nos comentan– tampoco hay margen para hacerse de la vista gorda. Hospitales saturados (67.7%), fallas en el suministro de agua potable (63.6), un problema cada vez más visible, y un transporte público con altibajos confi guran una presión más estructural. No estalla todos los días, pero cuando lo hace, impacta con mayor profundidad.
El problema –y ahí está el nudo político– es que el ciudadano no distingue entre niveles de gobierno cuando se queda sin agua, revienta una llanta o pierde horas en traslados. Para él, Mérida es una sola. Y cuando esa Mérida se complica, el desgaste también se vuelve uno solo.
Así, mientras unos cargan con lo visible y otros con lo estructural, en los círculos políticos comienza a repetirse una frase que incomoda: el desgaste no tiene dueño… pero alguien lo pagará en las urnas. Porque, si algo deja claro la calle, es que el voto no se reparte por competencias administrativas, sino, muchas veces, por hartazgo acumulado.
EN DÍAS RECIENTES varios perfiles ligados al Partido Acción Nacional comenzaron a difundir con entusiasmo una encuesta que colocaba a su partido arrasando casi dos a uno en la capital yucateca.
El estudio, firmado por la desprestigiada encuestadora Massive Caller, circuló como pólvora en redes, generando ánimo entre simpatizantes… hasta que alguien hizo la tarea básica: leer la letra chiquita.
Y ahí vino el tropiezo. La encuesta no era reciente, sino correspondiente a 2024, pero se compartía como si refl ejara el pulso de 2026. Entre los que quedaron exhibidos por el desliz se menciona al diputado Roger Torres, quien –como otros– terminó cayendo en la trampa del entusiasmo adelantado.
El episodio reavivó, además, viejas críticas hacia la encuestadora, cuya metodología ha sido cuestionada en distintos momentos por autoridades como el Instituto Nacional Electoral, particularmente por la inconsistencia y poca transparencia de sus ejercicios. Por cierto, la última encuesta que difundió en Yucatán daba por ganador a Renán Barrera.
DIVERSOS FUNCIONARIOS ESTATALES, federales e incluso alcaldes identifi cados con la llamada Cuarta Transformación han empezado a compartir, en corto y cada vez con menos discreción, su inconformidad con el desempeño del secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina. El señalamiento no es menor ni aislado.
De acuerdo con versiones coincidentes, el funcionario habría adoptado una actitud que varios califi can como prepotente, marcada por un trato distante y, en ocasiones, despectivo hacia actores políticos que, en los hechos, no se encuentran bajo su mando.
El problema no radica únicamente en la forma, sino en el fondo: Medina se conduce como si ostentara una jerarquía superior que simplemente no tiene. Esa percepción –compartida por distintos niveles de gobierno dentro del propio movimiento– ha generado fricciones innecesarias en un momento en el que la coordinación política debería ser, al menos en el discurso, uno de los principales activos de Morena.
EN LA BANCADA panista algunos diputados han salido bastante aplicados y otros, de plano, han brillado por su ausencia y su falta de consensos con la bancada mayoritaria.
Han destacado en la labor legislativa el diputado David Valdez Jiménez, Sayda Rodríguez Gómez y Zhazil Hernández Méndez, a quienes constantemente se les ve presionando para que se dictaminen sus iniciativas y cabildeando con las demás fuerzas políticas para su avance.
Quienes de plano “duermen”, mientras argumentan que “su trabajo ya está hecho y lo demás depende de Morena”, son nada más y nada menos que Itzel Falla Uribe y María Teresa Boehm Calero.
Porque tu cargo público no siempre es para la foto, en el Día del Trabajo… Todo es Personal.
