Una ejecutiva de negocios acudió a la terminal marítima para solicitar a unas pasajeras, ya a bordo, que pagaran un brazalete que desapareció durante su visita a su establecimiento en Isla Mujeres.
Tras un careo, según un video, las señaladas aceptaron descender y cubrir el costo, a cambio de que se retirara la publicación que ya circulaba en redes sociales sobre los presuntos hechos; sin embargo, la solicitud fue rechazada, lo que derivó en discusiones e intervención tardía de la policía.
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Los hechos ocurrieron la noche del domingo, cuando al notar la ausencia del brazalete en su negocio, ubicado sobre la calle Matamoros entre Hidalgo y Juárez, revisó las grabaciones de las cámaras de circuito cerrado; detectó una conducta sospechosa de una mujer y su hija, quienes inspeccionaron mercancía y posteriormente argumentaron no poder pagar con su tarjeta.
Rodríguez investigó el paradero de las visitantes nacionales, minutos después y, presuntamente, solicitó apoyo del personal de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) y la naviera para localizarlas dentro de la embarcación. Las ubicó en la parte superior y les informó que, tras revisar los videos, eran las únicas presentes cuando se detectó la desaparición de la pieza.
Las persuadió para que cubrieran no solo el valor de 300 pesos del artículo, sino un total de 900 al considerarlo un caso de robo; de lo contrario, procedería con la policía, que ya estaba en camino. Tras algunas discusiones, aceptaron descender tres mujeres y dos menores para resolver el asunto, cubriendo la cantidad señalada.
El conflicto se intensificó cuando Rodríguez explicó que no estaba en sus manos retirar de redes sociales las imágenes que ya circulaban, ya que pertenecían a la cuenta de otra persona. Un elemento de la Secretaría de Marina intentó mediar en el acceso a la terminal de la Apiqroo para evitar mayores confrontaciones.
Posteriormente arribó la policía y Jorge Soto Vargas indicó a Rodríguez que, al haberse alcanzado un acuerdo, el caso estaba concluido y no procedía la detención de nadie. Más tarde, el agente presuntamente proporcionó los datos personales de la denunciante a la otra parte para una posible contrademanda.
La ejecutiva responsabilizó al agente de cualquier situación futura, al considerar que su información sería utilizada de forma indebida.
