La presidenta Claudia Sheinbaum puso este martes sobre la mesa un dato que desmonta buena parte del discurso de “cooperación bilateral” que Estados Unidos suele exigirle a México en materia de seguridad y justicia: desde el 1 de enero de 2018 hasta el 13 de mayo de 2026, el Gobierno mexicano ha presentado 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos y no ha recibido a una sola persona requerida por la justicia mexicana.
“Ninguno” ( ha enviado), subrayó Sheinbaum durante su conferencia matutina. Y lanzó la pregunta que hoy atraviesa inevitablemente la relación bilateral: “¿Por qué no han entregado a ninguno si son casos relevantes si hay reciprocidad?”.
El dato no es menor. Durante años, Washington ha presionado públicamente a México para acelerar extradiciones de narcotrafi cantes, operadores fi nancieros del crimen organizado e incluso exfuncionarios vinculados con corrupción. México, de hecho, ha entregado a decenas de personas reclamadas por cortes estadounidenses en operativos que suelen presentarse como ejemplo de colaboración ejemplar entre ambos países.
Pero la fotografía completa revela otra realidad: la reciprocidad parece operar en una sola dirección. Y de allá para acá es cero.
De las 269 solicitudes mexicanas, 36 ya fueron rechazadas y 233 permanecen pendientes. De éstas, 183 corresponden a peticiones formales de extradición y 50 son solicitudes de detención provisional con fi nes de extradición. En 47 casos, además, Estados Unidos pidió información adicional a México, prolongando procesos que, en algunos expedientes, llevan años sin resolverse.
El canciller mexicano, Roberto Velasco, explicó que el procedimiento exige precisión jurídica, órdenes de aprehensión y un complejo tránsito diplomático y judicial entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República y jueces federales. Sin embargo, el problema ya no parece meramente técnico, sino político.
Y entre los nombres reclamados por México aparecen personajes de alto perfi l. Uno de ellos es el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. México lo reclama desde hace años sin éxito.
También figura Víctor Manuel “N”, relacionado con delincuencia organizada y presuntos desfalcos vinculados a la Secretaría de Gobernación y empresas factureras. La solicitud formal fue enviada apenas en diciembre pasado.
En el caso de Rafael y Elías “N”, señalados por fraude al Infonavit y delincuencia organizada, la respuesta estadounidense fue particularmente reveladora. Washington pidió a México ampliar la información debido a que no consideraba que se tratara de delitos violentos ni que los acusados representaran un riesgo para la sociedad.
Aquí se puede hablar de reciprocidad? Y es más, ¿quién determina qué delitos merecen prioridad? ¿Por qué Estados Unidos exige colaboración absoluta cuando se trata de narcotráfi - co que afecta su seguridad nacional, pero relativiza delitos fi nancieros o de corrupción que afectan profundamente al Estado mexicano?
Más delicado aún resulta el caso Ayotzinapa. México mantiene solicitudes sobre José Ulises “N” y Pablo “N”, alias El Transformer, presuntos integrantes del cartel Guerreros Unidos vinculados con la desaparición de los 43 normalista de la escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Tixtla, Guerrero.
En ambos casos, Washington solicitó más pruebas e información complementaria. Mientras tanto, los procesos siguen congelados. Entonces, ¿de qué se queja o critica la oposición en México? ¿Es malo cuando México responde como Estados Unidos exigiendo más pruebas?
Voy más allá. también está el expediente de William “N”, acusado de trata de personas, cuya extradición fue simplemente negada.
La declaración de Sheinbaum ocurre además en un momento especialmente sensible para la relación bilateral. En semanas recientes, desde sectores políticos y mediáticos de Estados Unidos se ha intensifi cado la presión sobre México en temas de seguridad, combate al narcotráfi co y cooperación judicial. Pero ahora el Gobierno mexicano decidió responder con cifras.
Y las cifras son contundentes. México sí extradita. Estados Unidos no. La asimetría no es solamente jurídica. Es política, diplomática y simbólica. Porque mientras Washington suele presentar a México como un país obligado permanentemente a demostrar resultados y cooperación, las solicitudes mexicanas parecen perderse durante años en el laberinto judicial estadounidense. Las cifras hablan por sí solas.
Por eso, el mensaje de Sheinbaum Pardo también tiene lectura interna. En plena discusión sobre soberanía, operaciones de agencias estadounidenses en territorio mexicano (Chihuahua) y presiones políticas desde Washington, la Presidenta busca mostrar que la relación bilateral no puede sostenerse únicamente sobre exigencias unilaterales.
La cooperación real entre Estados no puede construirse sobre discursos de confianza mientras una de las partes decide, discrecionalmente, cuándo sí y cuándo no aplica la reciprocidad.
Y hoy México decidió decirlo públicamente.
