Cada feminicidio representa el fracaso del Estado para proteger la vida de una mujer. No se trata únicamente de un homicidio: es la expresión más extrema de una violencia alimentada por la discriminación, la desigualdad y la impunidad.
Por ello, la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión para homologar en todo el país las penas y los protocolos de investigación del feminicidio constituye una de las reformas más relevantes en materia de justicia para las mujeres de los últimos años.
La propuesta parte de un problema que durante años ha impedido conocer la verdadera dimensión del fenómeno: en México, la investigación de un feminicidio depende, en buena medida, del estado donde ocurrió el crimen. Mientras algunas fiscalías aplican protocolos especializados, otras continúan clasificando muertes violentas de mujeres como homicidios dolosos, accidentes e incluso suicidios, impidiendo que los responsables enfrenten la justicia por el delito que realmente cometieron.
La propia Presidenta lo resumió con claridad al presentar la iniciativa: todavía existen fiscalías que catalogan la muerte violenta de una mujer como suicidio. Esa práctica no sólo revictimiza a las familias; sino que distorsiona las estadísticas nacionales y facilita la impunidad.
La reforma busca corregir esas diferencias mediante una Ley General que obligue a todas las entidades federativas a investigar bajo los mismos criterios. La homologación de protocolos significa que cualquier muerte violenta de una mujer deberá analizarse desde el inicio con perspectiva de género, preservando adecuadamente la evidencia y evitando que los casos sean desestimados por negligencia o prejuicios.
Uno de los aspectos más relevantes es el endurecimiento de las consecuencias jurídicas. Las penas podrían alcanzar hasta 70 años de prisión para quienes asesinen a una mujer por razones de género. Pero la verdadera novedad no radica únicamente en aumentar los años de cárcel.
La iniciativa elimina diversos beneficios legales que históricamente podían reducir la sanción. Quienes sean condenados por feminicidio no podrán acceder a criterios de oportunidad, libertad condicional, conmutación de penas, amnistías ni excusas absolutorias. El mensaje es claro: el Estado pretende cerrar cualquier resquicio que permita la impunidad. Sin embargo, la experiencia demuestra que aumentar las penas por sí solo no garantiza una disminución del delito.
Durante décadas México ha reformado múltiples códigos penales incrementando castigos para diversos delitos sin que ello, por sí mismo, reduzca la violencia. Lo que verdaderamente inhibe el crimen no es la severidad de la pena, sino la certeza de que el responsable será investigado, detenido, juzgado y sentenciado.
Ese continúa siendo el gran desafío.
Las cifras oficiales siguen mostrando que el feminicidio permanece como una realidad dolorosa. Diversas organizaciones civiles sostienen que incluso existe un subregistro debido a que numerosos casos nunca son investigados como feminicidios. A ello se suman desapariciones de mujeres, deficiencias periciales, investigaciones tardías y familias que deben convertirse en investigadoras para obtener justicia.
Por ello resulta igualmente importante la postura expresada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que ha solicitado participar en el análisis legislativo para aportar la experiencia acumulada durante años acompañando a víctimas y litigando casos emblemáticos. Escuchar a quienes conocen de primera mano las fallas del sistema puede fortalecer significativamente la reforma.
La homologación nacional también representa un paso importante hacia la construcción de un sistema de justicia menos desigual. Hoy, la posibilidad de obtener justicia depende muchas veces del estado donde ocurrió el crimen. Eso no debería suceder en un país que reconoce constitucionalmente la igualdad entre mujeres y hombres.
La violencia feminicida no distingue entidades, clases sociales ni edades. Afecta a niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas. Cada caso deja familias destruidas y comunidades marcadas por el miedo.
La iniciativa presidencial envía una señal política contundente: el feminicidio debe enfrentarse como un problema de Estado y no como un delito ordinario.
Pero el éxito de la reforma no dependerá únicamente de lo que apruebe el Congreso.
Será indispensable capacitar ministerios públicos, policías de investigación, peritos y jueces; fortalecer las fiscalías especializadas; garantizar recursos suficientes para las investigaciones y supervisar que los nuevos protocolos realmente se cumplan en todo el país.
La meta de “cero impunidad” es ambiciosa. Alcanzarla exigirá mucho más que modificar leyes. Requerirá instituciones capaces de investigar con profesionalismo, autoridades comprometidas con las víctimas y una sociedad que no normalice ninguna forma de violencia contra las mujeres.
Si esta reforma logra traducirse en investigaciones más eficientes, sentencias firmes y una verdadera protección para las víctimas y sus familias, México habrá dado un paso histórico. Porque la mejor ley no es la que promete los castigos más severos, sino aquella que garantiza que ningún feminicida vuelva a escapar de la justicia.
